Cormine se prepara para una transformación estructural mientras la provincia impulsa herramientas normativas destinadas a ordenar y modernizar la actividad minera.
Por Panorama Minero
La provincia de Neuquén avanza en un proceso de reordenamiento de su política minera que tiene como eje la transformación de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine) y la actualización del marco normativo que regula la actividad. El plan contempla tres instrumentos centrales: la conversión societaria de la empresa estatal, la presentación de un nuevo Código de Procedimiento Minero y la elaboración de un Régimen de Regalías Mineras, con el objetivo de dotar al sector de reglas más claras y acordes a la escala de los desafíos actuales.
Cormine fue creada en 1975 como Sociedad del Estado Provincial (SEP) y, bajo esa figura, administra activos mineros estratégicos de Neuquén. Entre ellos se destaca la mina Andacollo, uno de los proyectos más relevantes de la provincia, además de un conjunto de concesiones y propiedades mineras que forman parte del patrimonio estatal. En esta etapa, la empresa busca redefinir su estructura jurídica para operar con mayor flexibilidad, facilitar asociaciones con capital privado y mejorar su capacidad de gestión y financiamiento.
La conversión de Cormine de SEP a sociedad anónima aparece como una de las decisiones estructurales del plan. Desde el punto de vista técnico e institucional, el cambio permitiría a la empresa contar con herramientas más ágiles para celebrar contratos, estructurar alianzas público-privadas, atraer inversiones y participar activamente en proyectos de exploración y desarrollo. El objetivo es que la minera estatal deje de cumplir un rol exclusivamente administrativo y pase a posicionarse como un actor operativo dentro de la estrategia productiva provincial.
En paralelo, el plan incluye la elaboración y envío a la Legislatura de un Código de Procedimiento Minero local, una herramienta clave para ordenar los procesos administrativos, ambientales y técnicos vinculados a la actividad. La iniciativa apunta a actualizar normativas que, en muchos casos, quedaron desfasadas frente a la complejidad que hoy presentan los proyectos mineros, tanto en términos de evaluación ambiental como de control y seguimiento.
Otro de los pilares del esquema es la definición de un Régimen de Regalías Mineras, orientado a establecer criterios claros y previsibles para la captación de renta minera por parte del Estado provincial.
Durante 2025, Cormine avanzó en el ordenamiento de su situación administrativa y financiera, un paso previo considerado indispensable para encarar transformaciones de mayor alcance.
Entre los proyectos en agenda, se destaca el avance en el diseño de los pliegos de bases y condiciones para la futura licitación pública -nacional e internacional- de Andacollo, un activo que el Estado provincial busca reactivar bajo un esquema competitivo y transparente. Al mismo tiempo, se analizan otras concesiones mineras estratégicas y se impulsan estudios vinculados a recursos como geotermia, litio, uranio y tierras raras, con el objetivo de diversificar la matriz minera neuquina.
La hoja de ruta definida proyecta estos cambios hacia 2026, año en el que se espera concretar la transformación societaria, avanzar con el nuevo marco normativo y consolidar una cartera ampliada de activos mineros bajo gestión estatal.
Un esquema que dialoga con la experiencia reciente de Mendoza
Más allá del caso neuquino, el proceso que atraviesa Cormine muestra una convergencia clara con el camino institucional que comenzó a transitar Mendoza en los últimos años. En ambos casos, la redefinición del rol del Estado aparece asociada a una sociedad anónima y cuestiones jurídicas.
En Mendoza, la creación y consolidación de Impulsa Mendoza Sostenible S.A. como sociedad anónima marcó un punto de inflexión similar al que hoy busca Neuquén con Cormine. La decisión de operar bajo una figura societaria flexible, en lugar de un organismo administrativo tradicional, permite a la provincia cuyana intervenir, ordenar proyectos estratégicos y actuar como articulador entre el Estado y el sector privado, especialmente en iniciativas como Malargüe Distrito Minero Occidental.
También existe un paralelismo en la discusión normativa. Así como Neuquén avanza en un Código de Procedimiento Minero propio, Mendoza debió revisar y adaptar su andamiaje institucional en un contexto marcado por restricciones normativas particulares. En ambos casos, el foco está puesto en dotar a la actividad de procedimientos previsibles capaces de sostener procesos de largo plazo.
La cuestión de las regalías completa el triángulo de similitudes. Tanto Neuquén como Mendoza enfrentan el desafío de definir esquemas de captación de renta que sean fiscalmente eficientes sin desalentar la inversión. En ese sentido, la elaboración de un Régimen de Regalías Mineras en Neuquén dialoga con los debates que Mendoza viene dando sobre cómo equilibrar ingresos públicos, control estatal y viabilidad económica de los proyectos.
En conjunto, lo que emerge es un patrón común entre provincias que buscan reposicionar a la minería dentro de su matriz productiva: empresas estatales con formato societario moderno, marcos procedimentales actualizados y reglas fiscales explícitas. El caso de Cormine, en este contexto, no aparece como una excepción sino como parte de una tendencia más amplia de reconfiguración institucional, donde el Estado deja de ocupar un rol meramente declarativo y vuelve a construir capacidades concretas para gobernar el desarrollo minero.
