Edición 435 – Editorial
El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza fue contundente: avaló la constitucionalidad de la Ley 7722, instrumento jurídico que prohíbe la utilización de reactivos químicos en los procesos mineros. Con este acto, la minería metalífera mendocina se encuentra en un callejón sin salida, sin perspectivas de revertir esta situación.
El Gobierno del Presidente Ing. Mauricio Macri ha tomado medidas concretas para que la Minería Argentina retome el impulso que tuvo durante los ’90, afirmando que se trata de una verdadera política de estado, generadora de grandes cambios económicos y sociales, impulsora de transformaciones en los lugares más inhóspitos de nuestro país. La decisión de la máxima instancia judicial mendocina lleva a preguntarnos ¿Por qué dejar pasar una oportunidad como la Minería?
La minería es factor de desarrollo y crecimiento: como simple ejemplo se puede nombrar los casos de Australia y Canadá, países que crecieron a la par de la industria minera, poblando territorios profundos e inhabitados, repletos de desafíos, estableciendo comunidades, llevando el progreso, la educación y la transformación.
En momentos en que las economías regionales se encuentran seriamente afectadas, con matrices tradicionales agotadas, es necesario abrir el abanico, diversificar, e incursionar en actividades sustentables que brinden previsibilidad y certeza, especialmente si se cuenta con el recurso geológico otorgado por la naturaleza.
Eliminación de las restricciones cambiarias y supresión de las retenciones a las exportaciones de minerales y metales por parte del Gobierno Nacional han sido dos gestos concretos a los mercados para la atracción de inversiones. En un entorno donde los capitales se encuentran replegados por la disminución en la cotización de los commodities mineros, las medidas ejecutadas tienen el objetivo de ofrecer batalla frente a competidores regionales y de otras geografías.
Pocas provincias poseen un subsuelo tan rico como el caso de Mendoza: un importante proyecto cuprífero como San Jorge en la zona de Uspallata, el emprendimiento Potasio Río Colorado en Malargüe que puede verse beneficiado luego de la eliminación de las retenciones a las exportaciones, Sierra Pintada en San Rafael que lograría satisfacer las necesidades energéticas del país, y una larga gama de prospectos en la alta cordillera, con mineralización muy similar a los cuerpos cupríferos situados en Chile. El potencial es mucho más grande de lo que se imagina porque la base radica en que Mendoza era la sede del Plan Cordillerano de Fabricaciones Militares, que incluía esta provincia y San Juan.
Con la decisión de prohibir la actividad minera, es preciso realizar un repaso sobre la oportunidad que Mendoza ha dejado escapar. Según la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM), y sobre el análisis de los veinte proyectos más conocidos donde se dispone de información proveniente de las propias empresas, la evaluación de la expectativa de Mendoza indica que los recursos metalíferos representan diez veces los recursos petroleros, y ello llevado a un programa a mediano plazo con proyección de cinco años implica la puesta en producción de siete minas con una producción bruta combinada de US$1.200 millones anuales. A partir de un quinto año se estarían sumando otras nueve minas, lo que se traduce en una producción bruta combinada de US$6.000 millones luego de diez años de desarrollo. Esto conlleva una mano de obra estimada para la apertura de los proyectos de 130.000 personas, y para la etapa de producción de unas 40.000 personas.
De esta manera, Mendoza estaría dejando pasar de lado una oportunidad única como la que ofrece la minería.
