El control de materias primas, la trazabilidad del transporte y el nuevo encuadre de plantas industriales redefinen el funcionamiento del sector.
Por Panorama Minero
La actividad de la construcción en Mendoza atraviesa un proceso de reconfiguración silenciosa pero profunda. A partir de la implementación plena del nuevo Código de Procedimiento Minero y de las definiciones técnicas adoptadas por la autoridad minera provincial, las materias primas que abastecen al sector ingresaron de lleno a un esquema de control minero formal, modificando la lógica con la que históricamente operó la cadena de insumos.
Áridos, calizas, yesos y otros minerales de tercera categoría, fundamentales para la obra pública y privada, quedaron alcanzados por un sistema que exige trazabilidad desde el origen hasta el destino final, incorporando controles obligatorios sobre el transporte, la documentación y la legalidad del derecho minero. Cada carga que circula por la provincia debe contar ahora con respaldo documental, independientemente de que su destino sea una obra, un corralón, una hormigonera o una planta industrial.
Este cambio implica que el transporte de minerales dejó de ser un eslabón operativo marginal para convertirse en un punto crítico del sistema. La Guía de Tránsito de Minerales pasó a funcionar como un instrumento central: acredita origen, volumen, tipo de mineral y destino, y habilita a las autoridades a fiscalizar en cualquier instancia del traslado. En términos prácticos, sin trazabilidad no hay circulación, y sin circulación no hay abastecimiento de insumos para la construcción.
La industria de la construcción integrada al régimen minero
El nuevo esquema no se limita a la etapa extractiva. Durante 2025, la Provincia avanzó en una definición técnica que terminó de integrar a la industria de la construcción al régimen minero. Mediante la Resolución N° 450, la Dirección de Minería encuadró a cementeras, hormigoneras y ladrilleras como plantas de tratamiento de minerales, obligándolas a cumplir con los mismos requisitos ambientales que el resto de la actividad minera, incluida la presentación de Informes de Impacto Ambiental.
Aunque el producto final sea industrial —cemento, hormigón o ladrillos—, el proceso previo implica la transformación directa de insumos de origen mineral. La mezcla de áridos, la trituración, la molienda o la calcinación de calizas y arcillas encuadran dentro de los procesos unitarios definidos por la legislación minera, lo que incorpora a estas actividades al sistema de control, fiscalización y trazabilidad.
La magnitud del cambio se refleja en las cifras. Mendoza cuenta con más de 500 minas de tercera categoría, que históricamente abastecieron la demanda de la construcción provincial. En el proceso de adecuación iniciado en 2024 y consolidado este año, 178 explotaciones debieron regularizar su situación ambiental para continuar operando, en un contexto donde la informalidad había sido una constante estructural del sector.
Impacto en costos, precios y dinámica del mercado
La incorporación de toda la cadena de insumos al régimen minero formal comenzó a impactar en los costos. La regularización de fletes, el control de cargas, la documentación obligatoria y el cumplimiento de exigencias ambientales introdujeron ajustes en la estructura de precios de los áridos, un insumo básico de la construcción. El efecto no responde a un nuevo tributo ni a una restricción deliberada de la oferta, sino a la internalización de costos que durante años no estuvieron plenamente reflejados.
En las primeras semanas de aplicación plena del esquema, distintos actores del sector comenzaron a advertir variaciones en los precios de materiales esenciales como arena, ripio y piedra partida, insumos que tienen un peso directo en el costo final del metro cúbico de hormigón. En muchos casos, los ajustes estuvieron vinculados a la necesidad de reordenar la logística, adecuar cargas a los límites permitidos y absorber costos asociados a la regularización documental del transporte.
El impacto también empezó a sentirse en corralones y proveedores de materiales, donde la oferta se volvió más selectiva y los plazos de entrega comenzaron a ajustarse a una cadena de abastecimiento más controlada. La salida o readecuación de operadores que no lograron cumplir en tiempo y forma con los nuevos requisitos redujo transitoriamente la disponibilidad de ciertos insumos, generando tensiones puntuales en el mercado.
Desde una mirada estructural, la construcción deja de operar como un sistema desconectado de la minería y pasa a integrarse como una extensión de la cadena minera, con responsabilidades compartidas en materia de legalidad, trazabilidad y control ambiental. Las plantas industriales, los transportistas y los proveedores de materiales se convierten en actores activos del esquema de control, obligados a verificar el origen y la documentación de cada insumo que utilizan.
Este proceso comienza a trasladarse a los costos de obra, tanto en el segmento privado como en la obra pública, donde los presupuestos deben contemplar una estructura de precios que refleje condiciones reales de producción y cumplimiento normativo. El reordenamiento de la base material de la construcción introduce así un nuevo escenario para el sector, en el que la previsibilidad y la transparencia pasan a ocupar un lugar central.
El nuevo marco redefine el funcionamiento del sector. En el corto plazo, introduce tensiones en precios y logística. En el mediano y largo plazo, sienta las bases de una actividad más ordenada, previsible y transparente, donde la producción y el abastecimiento de la construcción se apoyan en un sistema formal que reduce zonas grises y alinea a toda la cadena bajo reglas comunes.
