El Director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), analizó las proyecciones de la industria minera del país vecino de Chile.
Por Sergio Hernández
Nuestra evaluación del escenario minero que dejó 2019 es positiva. Aunque la producción anual de cobre del año pasado experimentó una leve disminución de 0,8% respecto a la excelente producción de 2018, que llegó a 5.831.000 toneladas de cobre fino o contenido, esto se debió principalmente a una menor disminución de las leyes de mineral. Por su parte, el empleo aumentó un 12%, llegando a 227.500 trabajadores lo que bajó el desempleo en las regiones mineras; el catastro de inversiones de Cochilco aumentó en un 11% llegando a US$72.000 millones para diez años, consolidándose con certeza sobre el 50% de esa cifra.
Los proveedores de la minería observamos con optimismo estas cifras, lo que está favoreciendo su compromiso con las iniciativas de innovación tecnológica y de procesos, tanto para una mejor productividad de la industria, como para mejorar las condiciones ambientales. Cabe destacar la creación en 2019 de centros de pilotaje de nuevas tecnologías, que Aprimin apoya entusiástamente formando parte de uno de ellos, Ciptemin, lo que permitirá una más extendida y eficiente aplicación de innovaciones en la industria. En general, la minería nos entregó buenas noticias en 2019.
Ahora bien, el escenario para el presente 2020 estará marcado por una eventual modificación a la Constitución, por la esencial recuperación del orden público y por las demandas sociales.
El tema constitucional es el de mayor importancia a enfrentar en los próximos dos años; la minería en Chile ha crecido, gracias a un modelo económico abierto al mundo y una seriedad en el manejo de las finanzas públicas ejemplar, amparada por una institucionalidad que ha dado certeza jurídica a los proyectos y permitido un histórico nivel de inmejorables empleos en el país. Las principales normas constitucionales que han permitido este exitoso modelo económico de desarrollo minero son el Estado Subsidiario en materia empresarial, sin perjuicio del valor estratégico y económico de un Codelco estatal y de una Enami fomentando al pequeño minero; los instrumentos de protección al derecho de propiedad; las garantías constitucionales en general; la autonomía del Banco Central; la clara división de los poderes del Estado; el Tribunal Constitucional, entre otras. En las leyes, el régimen judicial de concesiones, los derechos del concesionario minero, un nivel apropiado de impuestos a la renta y royalty minero, entre otras.
Estas normas son las que serán parte del debate constitucional si la opción “apruebo” es ganadora en abril próximo, por lo que los gremios y la industria debemos ser partícipe de este debate, porque las legítimas demandas sociales sólo serán posibles de satisfacer con recursos económicos y un modelo constitucional y legal que fortalezca la inversión y el crecimiento del país, con orden público que sea institucionalmente garantizado. Así Chile ha disminuido la pobreza en 30 años de democracia, desde el 39% al 8,3%, récord mundial en esta materia.
La industria de los proveedores mineros está absolutamente consciente de su enorme responsabilidad en ser parte del desarrollo de la minería, en la mejora de las relaciones con los trabajadores, en su aporte vía impuestos y otras acciones comunitarias, todas indispensables para cumplir la Agenda Social. En nuestras empresas las políticas de inclusión, diversidad, capacitación para trabajadores, niveles de remuneraciones y beneficios laborales, y los empleos compatibles con la sostenibilidad de las empresas, las relaciones con las comunidades, las innovaciones productivas y ambientales para lograr la sustentabilidad en el largo plazo, son parte esencial de nuestros desafíos.
Esos responsables cambios de énfasis en estas políticas y acciones, que antes del estallido social ya existían, están formando parte de los indicadores de éxito de los proveedores mineros y son nuestro aporte a la Agenda Social y la estabilidad futura de Chile.
Estamos en el país viviendo un momento complejo, sobre cuya solución dependerán las proyecciones de crecimiento del sector, tanto de la minería extractiva y metalúrgica, como de sus proveedores y, del éxito de estos sectores, depende parte importante de poder cumplir la Agenda Social.
A pesar de esta compleja coyuntura, hay elementos que llaman al optimismo: la historia nos muestra que Chile ha salido bien de sus escasas crisis en 210 años de vida independiente; el país tiene una cultura de estabilidad, las cifras fiscales (no obstante el aumento del gasto fiscal) son buenas a nivel mundial en relación al PIB y se mantendrán en niveles razonables después de financiar la Agenda Social; esto hará que mejore la legitimidad social y ambiental del modelo si la razonabilidad impera, en lo que tenemos confianza porque somos Chile, su cultura y su historia.
A este modelo integral de desarrollo lo hemos denominado “Economía Social y Ambiental de Mercado”.
Este análisis, sumado a que las inversiones que están en marcha y los fundamentos del mercado en cuanto a una creciente demanda de minerales en el mundo, por la electromovilidad y la transformación energética, lo que tiende a superar la oferta, nos fundamenta un optimismo moderado en las proyecciones para 2020 por la posición de “stand by” que han tomado recientemente algunos proyectos. Sin embargo, igual vemos mejores perspectivas para los años venideros (cinco a diez años).
Desde un punto de vista de los desafíos propiamente operacionales, en el primer lugar está mejorar la productividad, para lo cual la innovación principalmente radicada en los proveedores, la aplicación de procesos limpios, el reciclaje y economía circular, el aumento de las pruebas de pilotaje de innovaciones, la digitalización, automatización de procesos y la capacitación para la reconversión laboral, son desafíos esenciales a profundizar este año.
Por otra parte, los usos eficientes de energía; las plantas impulsoras de agua de mar, sea desalinizada o no; la protección ambiental y una forma empática de las relaciones con las comunidades cercanas a las faenas, son parte de los retos que la industria y sus proveedores enfrentarán éste y los próximos años.
Uno de los desafíos más importantes consiste en lograr que el país nos comprenda mejor, entendiendo que su mejor futuro está estrechamente ligado al éxito de su minería. Para lograrlo, es indispensable diseñar y difundir una gran e histórica campaña comunicacional para hacer comprender a Chile de los beneficios sociales, ambientales y económicos de la minería y su enorme cadena de valor.
Principalmente para poder cumplir la Agenda Social, Chile necesita más que nunca en la historia impulsar su desarrollo minero, porque las oportunidades que ofrece el mercado para principalmente el cobre, el litio, el cobalto, entre los minerales que tenemos son, en mi opinión, las más atractivas que el balance de los mercados ha ofrecido a los productores en la historia, por la creciente demanda que provocará la transformación energética de la industria mundial, en aras de un planeta más amigable.
No perdamos la enorme oportunidad de alcanzar el desarrollo que el mercado nos ofrece, para lo cual todos estos retos debemos superarlos y responder como país en la defensa de las condiciones que Chile ofrece para la inversión, el empleo y el crecimiento; sólo así mejoraremos las condiciones de miles de chilenos que merecen una vida mejor.
