Tras años de partidas marginales, el presupuesto de la Dirección de Minería creció más de 700% en 2025 y proyecta otro aumento en 2026, reflejando un cambio estructural en la política pública provincial.
Por Panorama Minero
Durante años, la política minera mendocina tuvo un rasgo constante: la falta de respaldo presupuestario real. El presupuesto asignado a la Dirección de Minería fue, durante largo tiempo, marginal, insuficiente y, en muchos casos, contradictorio con los objetivos que el propio Estado provincial decía perseguir.
Ese escenario comenzó a modificarse de manera visible a partir de 2024 y se consolida ahora con los datos presupuestarios de 2025 y 2026. El cambio no es menor: no sólo se registran incrementos porcentuales significativos, sino que aparece una decisión política explícita de fortalecer la estructura minera del Estado, algo que no había ocurrido en las últimas dos décadas.
El contraste: cuando la minería no era prioridad
Para dimensionar el giro, conviene mirar hacia atrás. En 2023, la situación era elocuente. Según los datos oficiales de aquel año, el presupuesto destinado a la promoción minera rondaba apenas el millón de pesos anuales, una cifra que, incluso antes de la aceleración inflacionaria, equivalía a menos de US$5.000 al tipo de cambio de entonces. Con la devaluación posterior, ese monto se redujo a poco menos de US$4.000.
El dato se volvió paradigmático cuando se lo comparó con otros gastos del Estado provincial: Mendoza destinaba más recursos a los vestidos de las reinas de la Vendimia que a la promoción minera institucional. Más allá del impacto simbólico de esa comparación, el punto de fondo era otro: la minería no contaba con recursos mínimos para cumplir el rol que la ley le asigna al Estado.
En ese mismo presupuesto, el total asignado a la Dirección de Minería no alcanzaba los $54 millones, dentro de un presupuesto provincial que superaba ampliamente los cientos de miles de millones de pesos. La proporción era tan baja que hacía imposible pensar en una política minera activa, con capacidad técnica, control territorial, promoción y planificación de largo plazo.
El salto de 2025: del abandono al refuerzo institucional
El primer quiebre fuerte se produjo con el Presupuesto 2025. Allí, la partida asignada a la Dirección de Minería registró un aumento del 700% respecto del año anterior, llevando el presupuesto del área a $846 millones. No se trató de un ajuste por inflación ni de una corrección contable: fue un salto real, que colocó a la minería en otro nivel dentro de la estructura del Estado provincial.
Ese incremento permitió comenzar a reforzar áreas clave: fiscalización, evaluación técnica, presencia territorial y acompañamiento a los procesos ambientales y administrativos que empezaban a multiplicarse con la reactivación del sector. En términos políticos, el mensaje fue claro: la minería dejaba de ser un área residual para convertirse en una política pública con respaldo presupuestario.
Presupuesto 2026: consolidación y continuidad
El proyecto de Presupuesto 2026 confirma que el cambio no fue coyuntural. Para el próximo ejercicio, la Dirección de Minería contará con un incremento adicional del 42% interanual, lo que eleva la partida prevista a una cifra cercana a los $1.200 millones, consolidando el crecimiento iniciado en 2025.
En un contexto de fuerte restricción fiscal y revisión del gasto público, la decisión de seguir aumentando los recursos destinados al área minera es, en sí misma, una definición política. Este refuerzo presupuestario acompaña un escenario nuevo para Mendoza: avance de proyectos de exploración en Malargüe, puesta en marcha de esquemas de control ambiental más activos, creación de unidades de gestión específicas y una estrategia provincial orientada a reconstruir capacidades estatales luego de años de parálisis.
Más que números: una señal hacia el sector
El presupuesto no produce cobre, oro ni potasio. Pero define si el Estado está en condiciones de gobernar el desarrollo minero o de ser un mero espectador. En ese sentido, el cambio de los últimos tres años es profundo: Mendoza pasó de destinar montos simbólicos a la minería a construir, paso a paso, una estructura presupuestaria acorde a la complejidad del sector.
La comparación con 2023 funciona como recordatorio de un punto clave: sin recursos, no hay política minera posible. Con presupuesto, en cambio, el Estado puede evaluar, controlar, planificar y —sobre todo— sostener una estrategia de largo plazo. Lo que muestran los números de 2025 y 2026 es que Mendoza, finalmente, empezó a asumir ese rol.
