La Nación, representada por la Secretaría de Minería de la Nación, y las provincias, enmarcadas en el COFEMIN (Consejo Federal de Minería), aprobaron el documento denominado Pacto Federal Minero. Este documento será suscripto por el Presidente de la Nación y los distintos gobernadores para que se convierta en ley.
Este Pacto Federal Minero es de importancia trascendental porque arriba en un momento en que es necesario mostrar homogeneidad de criterios a los inversores interesados en desarrollar los recursos mineros de Argentina. En el transcurso de más de una década, algunas provincias sancionaron normativas que restringían la actividad minera, traduciéndose en la generación de incertidumbre. El efecto directo de esta situación era el impacto en la credibilidad de nuestro país como destino de inversiones.
En las vísperas de una nueva edición de la Convención Anual de la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada), el mayor encuentro de la industria minera mundial donde se dan cita los principales tomadores de decisiones, es preciso demostrar que la seguridad jurídica es una de las principales características de nuestro país. Es necesario comprender que la riqueza geológica es una herramienta relevante para captar inversiones, pero la misma puede no ser suficiente si no se goza de seguridad jurídica. No se trata de un detalle menor, sobre todo si se tiene en cuenta que hay inversiones de riesgo, y que Argentina cuenta con importantes vecinos, en algunos casos verdaderos líderes de la industria minera mundial.
El marco de la apertura al diálogo y al entendimiento fueron las claves del Pacto Federal Minero. Luego de meses de discusiones, donde los miembros del COFEMIN expresaron puntos a favor y en contra, temáticas de consenso y de disenso, se arribó a un documento final que expresa las voluntades de todos los involucrados.
Cada edición de la PDAC simboliza el termómetro para analizar el estado de situación de la industria minera, observar las nuevas tendencias en materia de financiamiento, y hacia dónde se destinan los fondos de riesgo, específicamente aquellos asociados con el sector de la exploración.
El sector público y privado viajan a Toronto. Será una nueva oportunidad para acercarse a inversores para que profundicen su presencia en Argentina o desembarquen en nuestro país en búsqueda de nuevas oportunidades. También la gran posibilidad para que proveedores argentinos puedan establecer alianzas estratégicas con sus pares canadienses, y demostrar que casi dos décadas de experiencia minera han otorgado un know how de relevancia como para pensar que los proveedores de bienes y servicios argentinos pueden convertirse en socios de calidad.
Pero, a la vez de estar en el radar de los inversores, los representantes argentinos deberán estar preparados para responder preguntas relacionadas con la seguridad jurídica, un concepto clave cuyas bases fueron sentadas por la ley 24196. A pesar de algunos desvíos suscitados durante los últimos años, el Pacto Federal Minero llega para elevar a la seguridad jurídica como uno de los estandartes que permitieron el desarrollo minero argentino.
