La provincia de San Juan fue nuevamente la sede de un encuentro entre el candidato a presidente Alberto Fernández y distintos representantes del sector minero argentino, quienes se reunieron junto a legisladores de la oposición, el gobernador Sergio Uñac y su antecesor, José Luis Gioja. Fernández avaló el rol exportador de la actividad minera y el modelo de desarrollo sanjuanino, mientras que por su parte, el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, emitió un mensaje de respaldo a la minería como un motor de crecimiento económico y social para el país en medio de un ajustado contexto pre-eleccionario.
Las palabras de Alberto Hensel:
“Hagamos que las cosas sucedan: Minería para poner a la Argentina de pie”
La importancia de crear un enfoque responsable y sostenible del desarrollo de la minería nunca ha sido más claro. Mientras que el potencial de la minería para el desarrollo económico cuenta cada vez con más reconocimiento, persiste el cuestionamiento sobre cómo debe realizarse.
La minería representa trabajo de calidad, infraestructura e innovación. Es generación de industrias, comercios y servicios locales. Expresa desarrollo, en las regiones más alejadas e inhóspitas de nuestro país.
Con apenas 12 proyectos metalíferos en producción, de más de 450 posibles, Argentina alcanzó en 2018 los 4.000 millones de dólares en valor de producción. La minería contribuyó 0,6% al PBI y representó el 20% de la Inversión Extranjera Directa (IED).
Hablamos de oro, plata, cobre y litio provenientes de la misma cordillera que separa dos modelos mineros muy diferentes. La minería de Chile representa el 12% de su PBI, sus exportaciones mineras superan en más de 10 veces a las de Argentina y triplican el porcentaje argentino de Inversión Extranjera Directa.
Debemos alentar las inversiones que contribuyan al desarrollo de la actividad minera con responsabilidad ambiental, social y económica haciendo de ella una actividad sostenible y sustentable, de manera que el verdadero beneficio de la minería lo midamos no solo en términos de crecimiento económico sino de auténtico desarrollo humano integral, principio fundamental de aquellos que creemos que nuestro accionar tiene sentido cuando contribuye a generar más justicia social.
Gracias a la minería, provincias que otrora eran inviables, prosperan con empleo registrado calificado y una creciente red de proveedores de bienes y servicios e infraestructura. A su vez, mientras mayor valor agregado le aportemos a nuestros minerales, más trabajo generaremos para los argentinos.
La actividad minera permite satisfacer necesidades laborales, de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, de financiamiento del Estado, de distribución de recursos (tales como las regalías y fideicomisos de infraestructura social básica), de infraestructura energética, caminera, etc.
En Santa Cruz, San Juan y Catamarca la minería es la principal industria exportadora, gravitando en la balanza de pagos de nuestro país. Representa entre el 25% y 40% del PBI de las economías regionales.
Argentina, considerando solo 10 proyectos en estado de prefactibilidad/factibilidad tiene un potencial de inversión por miles de millones de dólares, que podrían generar innumerables puestos de trabajo con producción potencial por 14.000 millones de dólares anuales con un impacto positivo extraordinario, si consideramos que entre el 75 y 80% del costo de producción minera queda en el país.
A esto debemos agregar el rol de la minería no metalífera, verdaderas PYMES dadoras de trabajo para los argentinos, y seguir soñando con un verdadero país federal, incluyendo provincias como Córdoba, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro. De manera de alentar desde el propio Estado y el sector privado el desarrollo de nuestra Patria.
Los trabajadores, contratistas, empresarios, proveedores, el Estado, las comunidades; no nos resignamos a mínimos niveles de producción cuando podemos demostrar con nuestro trabajo que la actividad minera es un factor incomparable de desarrollo.
No nos resignamos a la pobreza cuando nuestro suelo nacional atesora minerales cuya demanda internacional está en ascenso empujando los precios aceleradamente. Si se mantiene el ritmo actual de demanda, el consumo mundial de materias primas minerales se multiplicará por cuatro, entre los próximos 20 a 30 años, generando una ventana de oportunidades para nuestro país a partir de su potencial geológico minero.
No nos resignamos al desconocimiento ni al temor infundado en una industria noble y resiliente; practicada con compromiso por todos los actores, tanto públicos como privados; con políticas sociales y ambientales claras. Por ello: la minería puede trascender al mero crecimiento económico e impulsar a la Argentina federal a niveles de competitividad que nada tienen que envidiarle a sus pares de la región y el mundo.
Siendo una actividad extractiva de recursos no renovables, la minería no puede estar al margen del diagnóstico, diseño y gestión de las políticas públicas que consideren aspectos institucionales, ambientales, económicos y sociales. Y asumir el compromiso con un valor que es decir la verdad, ser transparentes, comunicar y explicar, cuantas veces haga falta, todo lo relacionado con la actividad minera.
Pero para desarrollar nuestro potencial minero debemos atender:
1)- La necesidad de contar con capitales de inversión que al tener la capacidad de poner en valor nuestro recurso, contribuyan a generar actividad productiva.
2)- La necesidad de los inversores de contar con reglas claras, previsibilidad, seguridad jurídica, estabilidad, diálogo, regímenes tributarios razonables y equilibrados, que consideren fondos anticíclicos; y regulaciones ambientales inequívocas basadas en estándares internacionales y criterios científicos objetivos.
3)- La necesidad de generar acuerdos dignos, equitativos y beneficiosos para las comunidades, con una mirada intergeneracional, como base de la construcción del bien común y de la licencia social para operar.
La minería debe jugar un rol fundamental como herramienta para descentralizar nuestro país en términos socio-económicos, políticos y hasta poblacionales y contribuir al desarrollo científico tecnológico. Esto será posible mejorando los procesos de participación y diálogo para lograr un efectivo beneficio de las comunidades cercanas a los proyectos mineros y trabajando con responsabilidad efectiva, previsible y con proyección de futuro.
Se trata de la industria más reglada que existe en nuestro ordenamiento normativo. Las decisiones políticas al respecto deben ser prácticas, moderadas e inteligentes; estratégicas; con una visión de largo plazo, sin ignorar los problemas ambientales subyacentes y sin avasallar el derecho de la sociedad de superar las asimetrías con una cultura de la producción y el trabajo.
En esta tarea somos necesarios todos los actores, del ámbito público como del privado y social, ejerciendo cada uno su rol en la construcción de un Modelo Minero Nacional.
Por ello, hoy más que nunca, la convocatoria pública desde el gobierno nacional a la construcción de una visión compartida territorial, de carácter multiactor, se vuelve determinante para el futuro sustentable de la industria y un desarrollo sano y armónico de nuestro país federal.”
