El entendimiento bilateral habilita condiciones de acceso preferencial, desregulación técnica y cooperación en minerales críticos, agroindustria, propiedad intelectual y servicios digitales.
Por Panorama Minero
El gobierno argentino y la administración estadounidense firmaron un marco de entendimiento para un futuro Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco, con el objetivo de establecer un entorno de mayor previsibilidad para el comercio bilateral. El documento, difundido por la Casa Blanca el 13 de noviembre, plantea avanzar hacia la apertura de mercados clave, el alineamiento técnico de normas, y una mayor cooperación en sectores estratégicos como minerales críticos, alimentos, productos farmacéuticos y tecnologías digitales.
El texto –presentado como una declaración conjunta entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump– incluye compromisos por parte de Argentina para facilitar el acceso preferencial de productos estadounidenses y eliminar restricciones no arancelarias como licencias de importación o exigencias consulares. A su vez, EE.UU. evaluará levantar aranceles sobre insumos naturales no disponibles localmente y reconocer estándares regulatorios argentinos en ciertas áreas.
Uno de los puntos destacados es la intención de cooperar en el comercio e inversión de minerales críticos, aunque sin referencia explícita al litio u otros recursos específicos. El acuerdo también menciona el interés de ambas partes en estabilizar el comercio global de soja, y trabajar sobre medidas que promuevan la eficiencia en sectores intensivos en recursos.
En materia normativa, Argentina se compromete a aceptar productos con certificaciones estadounidenses en vehículos, medicamentos, dispositivos médicos y alimentos, además de avanzar en mejoras sobre propiedad intelectual, protección de datos y uso de firmas digitales.
En paralelo, se prevé una colaboración más estrecha en materia de seguridad económica, control de subsidios industriales, regulación de empresas estatales, trazabilidad ambiental y cumplimiento laboral, incluyendo una cláusula sobre prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Ambos países acordaron avanzar en la redacción definitiva del tratado y completar los pasos institucionales necesarios antes de su entrada en vigencia. El monitoreo del proceso se realizará en el marco del Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) y del Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico.
A horas del anuncio, Milei habló de la Ley de Glaciares y apunta a la minería como aliado estratégico
Tras anunciar un acuerdo bilateral con Estados Unidos para impulsar el comercio y las inversiones, el presidente Javier Milei volvió a poner en agenda la modificación de la Ley de Glaciares, en línea con uno de los principales reclamos de las provincias mineras. El objetivo: destrabar proyectos estratégicos vinculados al cobre y litio y redefinir técnicamente el área periglaciar para brindar seguridad jurídica a futuras inversiones.
En su paso por un encuentro en Corrientes, Milei ratificó su intención de avanzar con una normativa que devuelva a las provincias la potestad de reglamentar la ley según sus territorios. La iniciativa, cuya redacción técnica corre por cuenta del Ministerio de Desregulación, podría ingresar al Congreso en sesiones extraordinarias, junto con otras reformas clave. El mandatario hizo especial énfasis en el rol del federalismo en la gestión de los recursos naturales y en la necesidad de reactivar el potencial de la cordillera para generar exportaciones y empleo, mientras que destacó al gobernador Cornejo como impulsor de esta iniciativa.
La revisión de la Ley de Glaciares se inscribe además en el nuevo marco geopolítico abierto con el Gobierno de Estados Unidos. El documento conjunto firmado en la Casa Blanca destaca la cooperación bilateral en sectores estratégicos como los minerales críticos y menciona explícitamente la intención de facilitar el comercio e inversión en esos rubros. Las provincias, por su parte, reclaman mayor claridad legal para avanzar con proyectos que hoy se encuentran condicionados por la ambigüedad de la ley vigente.
San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, donde se concentra la mayor parte del potencial cuprífero y minero del país, piden que la definición de periglaciar se fundamente en criterios científicos sobre función hídrica efectiva. “Un eventual cambio normativo permitiría reactivar inversiones por más de US$30.000 millones en los próximos años y abrir la puerta a una mayor integración de la Argentina en las cadenas globales de valor asociadas a la transición energética”, indicaron fuentes oficiales.
