Con el regreso de los proyectos metalíferos, la provincia vuelve a enfrentarse a un reto técnico clave: gestionar minería desde el diseño hasta el cierre, con estándares internacionales y continuidad en el tiempo.
Por Panorama Minero
Mendoza no está discutiendo solo proyectos mineros. En el fondo, el debate actual expone algo más profundo: la provincia está volviendo a aprender cómo se gestiona una minería de largo plazo, después de más de dos décadas sin actividad metalífera de escala y sin acumulación sostenida de experiencia técnica local. Esa lectura aparece con claridad en la conversación con Alejandro Demonte, ingeniero civil y gerente de Knight Piésold, una firma internacional con base en Mendoza que trabaja a lo largo de toda la cadena minera, desde la exploración hasta el cierre.
Desde su experiencia, Demonte plantea que la minería en Argentina es, ante todo, una decisión provincial. “La minería es una realidad de la provincia, no tanto de la Nación; los grandes impulsores del desarrollo minero son los gobernadores”, señala, y esa definición permite entender por qué el proceso mendocino tiene tiempos, tensiones y complejidades propias. No se trata solo de habilitar o no proyectos, sino de reconstruir capacidades para gestionarlos de manera consistente en el tiempo.
Uno de los puntos donde esa diferencia se vuelve más evidente es en la interpretación de la Declaración de Impacto Ambiental. En el debate público, la DIA suele aparecer como un punto de llegada, cuando desde la mirada técnica es apenas el comienzo. “La DIA es como el día cero, dice mucho y no dice nada al mismo tiempo”, explica Demonte, al remarcar que ese acto administrativo inicia una relación que puede extenderse durante 30, 40 o incluso 50 años. A partir de allí empiezan a jugar variables reales que rara vez ocupan el centro de la discusión: ingeniería de detalle, construcción, puesta en marcha, operación, controles permanentes y cierre.
Reducir la minería a una audiencia pública o a una votación legislativa, advierte, implica desconocer cómo funciona la actividad en la práctica. La sostenibilidad no se define en un expediente, sino que “se verifica todos los días”, en la operación concreta, en la estabilidad de las obras, en el manejo del agua y de los residuos y en la capacidad de anticipar problemas antes de que se conviertan en conflictos.
En ese recorrido, Mendoza carga con una particularidad adicional: veinte años sin minería también fueron veinte años sin aprendizaje técnico continuo. Demonte recuerda que hubo un tiempo en que la provincia fue un actor central de la exploración minera argentina, pero que ese rol se fue diluyendo. “En algún momento nos olvidamos de que Mendoza tenía el centro de la exploración minera del país, y eso se fue perdiendo”, afirma. La ausencia de proyectos de escala no solo frenó inversiones, sino que interrumpió la formación de profesionales, la consolidación de equipos y la acumulación de experiencia aplicada.
Hoy, reconstruir ese capital técnico aparece como una condición indispensable para cualquier avance. La minería moderna exige estándares elevados en geotecnia, hidrología, estabilidad de presas, manejo de colas y planificación de cierres. Sin equipos entrenados y sin empresas capaces de aplicar esos criterios en territorio, cualquier proyecto queda incompleto, incluso cuando existe voluntad política o un marco normativo claro.
En ese contexto, Demonte subraya el valor de las empresas que decidieron sostener base en Mendoza aún en los años de parálisis. “Hay compañías que se quedaron cuando no había desarrollo y hoy pueden aportar toda esa experiencia para que los procesos se hagan de la mejor manera posible”, señaló, al destacar la importancia de contar con capacidades locales alineadas con estándares internacionales. Esa continuidad técnica, explica, es la que permite evitar improvisaciones y elevar la calidad de los proyectos desde su diseño.
La misma lógica se aplica a la licencia social, otro de los ejes sensibles del debate mendocino. Desde su mirada, no se trata de un trámite previo ni de un resultado definitivo. “La licencia no es una foto, es un proceso”, sostiene, y depende de la transparencia, de la calidad de la información y de cómo se diseñan y operan las obras a lo largo del tiempo. En ese sentido, remarca que el nivel técnico de la minería a escala global hoy permite abordar cualquier inquietud con herramientas objetivas: “cualquier pregunta o preocupación puede plantearse y resolverse desde la técnica, si hay voluntad de hacerlo”.
Ese enfoque también atraviesa la discusión sobre proveedores y desarrollo local. Para Demonte, cerrar el sistema desde el inicio no es una solución. “El prohibir por prohibir no sirve; al principio se necesita un mix entre empresas con más capacidades y empresas locales, porque ahí es donde se da la transferencia de conocimiento”, afirma. El objetivo, aclara, no es asistencialismo, sino “dejar herramientas reales para que la gente pueda capacitarse, trabajar y crecer”.
La conversación deja una conclusión clara: la minería no se define en un momento político puntual ni en un acto administrativo aislado. Se define en la calidad de la ingeniería, en la continuidad de los controles y en la capacidad de sostener procesos durante décadas. Para Mendoza, el desafío de fondo no es sólo discutir proyectos, sino volver a aprender cómo se gestiona una minería de largo plazo. Sin esa reconstrucción técnica, cualquier avance será frágil; con ella, la provincia puede empezar a salir de una discusión estancada y encarar la actividad como lo que realmente es: una industria compleja, exigente y profundamente técnica, que se valida en el tiempo y no en el discurso.
