El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) manifestó su respaldo al proceso de adecuación de la Ley 26.639, actualmente en debate en el Congreso Nacional, y afirmó que la iniciativa apunta a dotar al régimen de mayor precisión normativa y previsibilidad institucional, sin afectar los estándares de protección ambiental vigentes.
Por Panorama Minero
En un comunicado difundido en Buenos Aires, el instituto sostuvo que la normativa actual presenta definiciones y conceptos que, en la práctica, han generado interpretaciones divergentes y conflictos de competencia entre jurisdicciones. Según el IADEM, esa situación impacta en la eficacia del régimen de tutela ambiental y en la previsibilidad necesaria para proyectos de inversión de largo plazo.
La entidad consideró que la adecuación propuesta constituye “un acierto” en términos de precisión conceptual, al buscar delimitar con mayor claridad el alcance de las categorías protegidas y los criterios de aplicación.
El documento encuadra la discusión dentro del esquema federal previsto por la Constitución Nacional. En ese sentido, recuerda que el artículo 41 faculta al Congreso a dictar presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Para el IADEM, el proyecto en tratamiento contempla adecuadamente la participación activa de las provincias, integrando su conocimiento técnico y territorial al esquema de presupuestos mínimos. Al mismo tiempo, remarca que ese involucramiento no implica discrecionalidad por fuera del orden jurídico federal.
El instituto sostuvo que el dominio provincial debe ejercerse en armonía con la normativa nacional y que la articulación entre Nación y provincias resulta central para asegurar una tutela eficaz de glaciares y geoformas periglaciares con función hídrica relevante.
Claridad normativa y seguridad jurídica
En su cierre, el IADEM afirmó que la sanción legislativa de la adecuación permitiría superar ambigüedades del régimen vigente, fortalecer el federalismo ambiental y aportar mayor certidumbre tanto a las autoridades de aplicación como a los actores productivos.
La entidad también señaló que la protección del ambiente no se debilita con normas claras y consensuadas, sino que se robustece cuando existe una delimitación precisa de competencias y responsabilidades, en línea con criterios señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes vinculados a la Ley 26.639.
