La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), en una sesión extensa atravesada por fuertes tensiones políticas, presión de las provincias mineras y un debate con alto impacto en el desarrollo del sector. El oficialismo y sus aliados dieron sanción al proyecto con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
La iniciativa ya había recibido media sanción en el Senado, donde fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Con la sanción definitiva en Diputados, el Congreso saldó una discusión de importancia estratégica para el desarrollo de la minería argentina.
Qué cambia: del criterio geológico al criterio hídrico
La reforma introduce un cambio central en la lógica de la ley: hasta hoy, la protección alcanzaba a todas las geoformas inventariadas dentro del régimen glaciar. Con el nuevo texto, la atención se concentra en aquellas formaciones que cumplan una función hídrica, es decir, que aporten agua a cuencas o reservorios.
Ese cambio altera sustancialmente el funcionamiento del sistema. La definición de qué zonas quedan alcanzadas por la protección ya no se apoya solo en el inventario nacional, sino también en criterios técnicos que deberán ser determinados por las provincias. Esa información será luego remitida al IANIGLA para actualizar el registro.
Sin embargo, mientras no se precise el alcance de cada caso, seguirá vigente el principio precautorio. De este modo, todo lo inventariado continuará protegido hasta que una evaluación determine lo contrario.
Federalismo y recursos: el nuevo rol de las provincias
La reforma también refuerza el margen de acción provincial. Las jurisdicciones podrán ahora definir, a través de evaluaciones de impacto ambiental, si un proyecto produce una alteración relevante y si puede avanzar o no. Además, podrán aplicar evaluaciones ambientales estratégicas para iniciativas de mayor escala.
En los hechos, esto implica un traslado parcial de la decisión desde la órbita nacional hacia una lógica más territorial. Las provincias mineras ganan mayor capacidad de intervención sobre proyectos ubicados en zonas sensibles, un reclamo sostenido desde hace tiempo.
Qué implica para la minería argentina
Para el sector minero, la sanción representa una señal concreta. La reforma reduce parte de la incertidumbre que pesaba sobre zonas periglaciales, traslada la discusión a criterios técnicos locales y abre la posibilidad de revisar proyectos que habían quedado dilatados por la interpretación anterior de la norma.
No se trata de una habilitación automática para nuevas operaciones, aunque sí un giro importante en el marco sobre el que se evaluarán los futuros proyectos, algo que puede modificar la viabilidad de iniciativas que hasta ahora encontraban límites más rígidos bajo el esquema aprobado en 2010.
En un país con proyectos de cobre, oro y plata en distintas etapas de desarrollo, el nuevo régimen puede tener impacto directo sobre el mapa de inversiones. La reforma abandona una lógica uniforme y adopta un esquema más técnico y territorial: la magnitud del cambio dependerá de cómo cada provincia implemente la ley y qué criterios adopten para avanzar con la evaluación en cada caso.
