La apertura de audiencias públicas en Diputados marca una nueva etapa en la reforma de la Ley de Glaciares. Con media sanción del Senado, el proyecto introduce cambios que podrían modificar de manera sustantiva las condiciones de desarrollo minero en el norte argentino, con implicancias directas, aunque diferenciadas, para Salta.
Por Panorama Minero
La Cámara de Diputados inició este 25 de marzo una instancia decisiva en el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, con audiencias públicas convocadas para recoger opiniones técnicas, empresariales y sociales antes de su debate legislativo definitivo. El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificaciones estructurales al régimen de protección ambiental vigente desde 2010.
En términos generales, la iniciativa apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas y otorgar mayor poder de decisión a las provincias, en línea con el principio constitucional de dominio originario sobre los recursos naturales. Este cambio introduce un giro relevante en la gobernanza minera, particularmente para provincias cordilleranas como Salta.
Claves del impacto minero de la reforma
El proyecto incorpora tres modificaciones centrales como Redefinición del ambiente periglaciar: se busca acotar su alcance, actualmente considerado “amplio e impreciso”, lo que ha generado restricciones extensivas sobre proyectos mineros.
Enfoque en “función hídrica estratégica”: la protección se concentraría en cuerpos de hielo con impacto comprobado en el sistema hídrico, excluyendo formaciones de menor relevancia.
Mayor autonomía provincial: las provincias podrían determinar qué áreas proteger y cuáles habilitar para actividades productivas, incluyendo la minería.
En la práctica, estos cambios podrían habilitar actividad minera en zonas previamente restringidas, especialmente en ambientes periglaciares donde hoy rige una prohibición casi total.
Impacto en la minería salteña
El caso de Salta presenta particularidades que matizan el impacto directo, pero amplifican el efecto estratégico. Según exposiciones técnicas en el ámbito provincial, actualmente no existen proyectos mineros activos en zonas glaciares estrictas en Salta, lo que reduce el impacto directo inmediato de la reforma.
Sin embargo, el cambio normativo sí podría expandir el universo de áreas prospectivas, especialmente en alta montaña, donde la clasificación de ambiente periglaciar ha sido un factor restrictivo.
Otro aspecto significativo para Salta sería el destrabe de inversiones en exploración. Unos de los argumentos centrales del proyecto es que la actual ley generó incertidumbre jurídica y paralización de iniciativas, debido a definiciones ambiguas y judicialización de proyectos.
Para Salta, donde el desarrollo minero está fuertemente orientado a minerales críticos (litio, cobre), la reforma podría rehabilitar zonas hoy excluidas de exploración; acelerar evaluaciones de impacto ambiental; mejorar la previsibilidad regulatoria para inversores.
Este fortalecimiento del rol provincial consolida un esquema donde la provincia gana capacidad de decisión técnica y política sobre su territorio. Lo que implica para las provincias mineras mayor alineación entre política minera y ordenamiento territorial; posibilidad de diseñar criterios propios de protección y habilitación, así como mayor peso institucional frente a la Nación en la gestión de recursos.
Marco geológico: baja presencia glacial efectiva en la Puna
Desde una perspectiva científica, el doctor en Ciencias Geológicas Ricardo N. Alonso sostiene que en el norte argentino y particularmente en la Puna salteña las condiciones climáticas limitan fuertemente el desarrollo de glaciares. La combinación de extrema aridez y altura hace que la línea de nieves permanentes se ubique entre las más elevadas del planeta, superando en muchos casos los 6.000 msnm, lo que deriva en una presencia mayormente residual de hielo, compuesta por acumulaciones nivales efímeras o relictos del Pleistoceno más que por glaciares activos de gran escala. En ese marco, Alonso plantea que la relación entre minería y glaciares en la región es acotada desde el punto de vista físico, reforzando la idea de que, en Salta, las restricciones responden más a definiciones normativas, como el ambiente periglaciar, que a la presencia efectiva de cuerpos glaciares relevantes.
Posición provincial: más federalismo y criterio técnico
En línea con ese diagnóstico territorial, la senadora nacional por Salta y exsecretaría de Minería de la Nación, Flavia Royón, expuso ante comisiones legislativas de la Provincia que la reforma busca corregir vacíos de implementación de la ley vigente no reglamentada durante años y resolver la superposición de competencias entre Nación y provincias.
Según detalló, el proyecto mantiene la protección de glaciares, pero introduce un criterio más técnico y federal, donde cada jurisdicción podrá definir qué cuerpos tienen valor hídrico estratégico y, por lo tanto, deben resguardarse. Royón remarcó que, de acuerdo con el inventario nacional, Salta cuenta con 646 glaciares, aunque actualmente no existen proyectos mineros en esas zonas, lo que implica un impacto directo limitado. No obstante, subrayó que la redefinición del ambiente periglaciar y la habilitación de estudios científicos específicos podrían permitir el desarrollo de actividad minera bajo estándares ambientales, aportando mayor previsibilidad regulatoria sin comprometer recursos críticos.
Instancia crítica para el sector
Las audiencias representan un punto de inflexión: permitirán que empresas, provincias, especialistas y organizaciones fijen posición antes del tratamiento en Diputados.
Para la minería salteña, el debate no es meramente técnico, sino estratégico: se discute el equilibrio entre expansión productiva, seguridad jurídica y sostenibilidad hídrica.
La reforma de la Ley de Glaciares no tendrá un impacto uniforme en todas las provincias, pero sí redefine las reglas del juego. En Salta, más que un efecto inmediato, el cambio aparece como un habilitador de mediano plazo: amplía el margen de desarrollo minero, refuerza el poder provincial y mejora el clima de inversión, aunque bajo un escenario de mayor escrutinio ambiental.
