El gobernador afirmó que la provincia de Mendoza ingresó en un proceso que antes no había podido transitar, con evaluaciones ambientales, controles y decisiones que permiten avanzar.
Por Panorama Minero
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, trazó un balance del momento que atraviesa la provincia en materia minera y del proceso que se abrió en los últimos meses, en un contexto que definió como distinto al de años anteriores. El mandatario puso el foco en el cambio de etapa que vive Mendoza, en la discusión social que rodea a la actividad y en las condiciones que, a su entender, permitan pensar en un desarrollo minero posible en el corto y mediano plazo.
Cornejo sostuvo que la minería en Mendoza dejó de ser una discusión puramente teórica. Según explicó, la provincia pasó de un escenario de parálisis a uno en el que existen proyectos concretos en evaluación y con distintos grados de avance. En ese marco, afirmó que el desarrollo minero ya no debe pensarse en horizontes de décadas. “No va a ser en 20 o 30 años, va a ser en un futuro inmediato”, señaló, aludiendo a que las condiciones para avanzar hoy son diferentes a las que existían en el pasado.
Un proceso que Mendoza no había transitado
El gobernador remarcó que Mendoza estuvo durante muchos años sin poder llevar adelante proyectos mineros por la ley vigente (7.722). Señaló que la normativa “está en ejecución hace 15 años” y que, durante ese período, “no se ha hecho ningún proyecto”, lo que atribuyó a la forma en que se interpretaron ciertos aspectos ambientales y procedimentales.
En ese sentido, explicó que hoy la provincia está atravesando un proceso que antes no había transitado: evaluaciones ambientales completas, análisis técnicos detallados y decisiones que avanzan más allá de la etapa exploratoria. Según Cornejo, ese recorrido explica por qué actualmente Mendoza puede discutir minería desde un lugar distinto, con expedientes concretos y procedimientos en marcha.
El rol de los controles y la discusión social
Uno de los puntos centrales del balance del mandatario está vinculado a la percepción social de la minería. Cornejo reconoció que existe un sector de la sociedad que rechaza la actividad de manera estructural, pero diferenció esa postura de quienes manifiestan dudas por temor a la falta de controles. En ese marco, afirmó que “el esfuerzo tiene que ser probar que los controles pueden funcionar”.
El gobernador insistió en que el debate no puede quedar limitado a consignas generales y que debe apoyarse en información concreta. En ese punto, sostuvo que Mendoza cuenta hoy con mejores herramientas que en el pasado para ejercer control ambiental, tanto desde el punto de vista técnico como operativo. También remarcó que los procesos actuales incluyen la intervención de organismos especializados y evaluaciones específicas en cada proyecto.
Evaluaciones ambientales y procedimientos
Cornejo explicó que, en los proyectos que hoy se evalúan en Mendoza, se consulta a organismos técnicos que analizan en detalle las áreas donde se pretende intervenir. En particular, mencionó el trabajo de revisión y relevamiento que se realiza sobre las zonas a explorar, como parte de los procedimientos ambientales vigentes.
Según indicó, esos mecanismos ya se están aplicando en la provincia y forman parte de las declaraciones de impacto ambiental que se tramitan actualmente. Desde su perspectiva, esto demuestra que Mendoza no está al margen de los estándares técnicos que se discuten a nivel nacional, sino que ya los incorporó en sus procesos administrativos.
Sin embargo, el gobernador cuestionó el esquema que obliga a que ciertos proyectos deban pasar por la Legislatura por lo que exige la Ley 7.722. Consideró que ese mecanismo introduce un componente político en decisiones que, a su entender, deberían resolverse en el ámbito técnico. “Es grosero explicar que una inversión de miles de millones de dólares dependa de un voto legislativo”, afirmó.
Cornejo aclaró que su planteo no implica eliminar controles, sino fortalecerlos desde los organismos competentes. En ese sentido, sostuvo que el control ambiental debe ser riguroso, permanente y basado en criterios técnicos, sin trasladar la decisión final al plano político.
La ley vigente y el escenario actual
Respecto del marco normativo, el gobernador señaló que la ley 7.722, que pone restricciones a la actividad minera en Mendoza sigue vigente y que no está en discusión su modificación en el corto plazo. Sin embargo, afirmó que la normativa puede funcionar si se aplica con criterios claros y procedimientos adecuados.
Desde su visión, el problema histórico no fue la existencia de la ley, sino la forma en que se la interpretó y ejecutó. En ese punto, insistió en que la provincia hoy está atravesando un proceso distinto, con mayor claridad procedimental y con decisiones que permiten avanzar.
Un balance abierto
El balance que trazó Cornejo sobre el 2025 no fue presentado como un cierre definitivo, sino como una etapa de transición. Reconoció que la discusión minera en Mendoza sigue generando tensiones y posiciones encontradas, pero afirmó que la provincia ya ingresó en un proceso que no había podido transitar durante años.
Según expresó, el desafío hacia adelante es sostener ese recorrido, demostrar que los controles funcionan y que el Estado puede gestionar una actividad compleja. En ese marco, planteó que el debate debe centrarse en cómo se hacen las cosas y no en volver a discusiones abstractas que, durante años, impidieron avanzar.
