Poco más de un día fue el lapso de tiempo para el surgimiento de dos noticias de relevancia y trascendencia para el sector minero argentino. Por un lado el importante anuncio de la suscripción de un acuerdo para la integración del proyecto Agua Rica con Minera Alumbrera; por otra parte la decisión de los inversores del proyecto San Jorge de cerrar sus oficinas. Catamarca y Mendoza, cara y cruz de la actividad minera en la República Argentina.
El acuerdo firmado por Yamana Gold Inc., Glencore International AG, y Goldcorp Inc. consiste en una integración que permitirá desarrollar y operar el proyecto Agua Rica utilizando la infraestructura y las instalaciones existentes en la mina Bajo la Alumbrera. De esta manera se pueden obtener sinergias de relevancia que incidirán en el costo y los plazos para el desarrollo del proyecto Agua Rica, uno de los grandes proyectos de cobre sin desarrollar de Argentina, con importantes subproductos como oro, plata y molibdeno. Estudios preliminares indican una potencial vida útil de 25 años con una producción promedio que superará el máximo ritmo productivo que tuvo Minera Alumbrera. Las empresas firmantes del acuerdo informan que la prefactibilidad podría estar concluida este año, mientras que el Estudio de Factibilidad completo estaría disponible en 2020. Una inversión que no se descarta que involucre miles de millones de dólares, empleo local, compra de insumos y prestación de servicios, generación de divisas por la exportación de los metales, además del aporte a las arcas nacionales, provinciales y municipales en el formato de impuestos, tasas y contribuciones.
En otro lugar de Argentina, los operadores del proyecto cuprífero San Jorge tomaron una decisión que impacta de lleno en el desarrollo minero nacional, y el de Mendoza en particular. El emprendimiento situado en Uspallata no solo hubiera significado el lanzamiento de la minería metalífera en Mendoza, sino una importante estrategia a nivel nacional: la producción de San Jorge hubiera servido para suplir la demanda argentina de cobre refinado, evitando la fuga de divisas en importar un producto que podía ser abastecido localmente. Más allá de la importancia estratégica de San Jorge en cuanto a producto final, se truncó una inversión del orden de los US$500 millones, que hubiera representado una importante contratación de mano de obra local, así como de bienes y servicios.
¿De qué manera se puede leer lo ocurrido en Catamarca y Mendoza? Es, ni más ni menos, que una cuestión de cara y cruz: en una jurisdicción la minería es política de estado, se la aplica, y sus resultados están en la vista. Mientras que en otra, las especulaciones políticas e intereses conspiran contra una industria prohibida desde hace más de una década por una norma –la famosa ley 7722- que ha debilitado no solo la posición de Mendoza, sino que es una mancha para la industria minera de Argentina.
Las políticas de estado son ejes y lineamientos con el objetivo de trazar rumbos que trasciendan mandatarios. Es una mirada a largo plazo para cumplir metas estratégicas para el desarrollo de las comunidades. Eso es lo que se ejecuta en Catamarca, y no ocurre en Mendoza. Cara y cruz de la industria minera argentina.
