El refuerzo de la fiscalización ambiental y minera durante 2025 dejó en evidencia prácticas históricas, obligando a redefinir estándares técnicos y de seguridad en uno de los segmentos más extendidos de la minería provincial.
Por Panorama Minero
Mientras el debate público mendocino sigue concentrado en los grandes proyectos metalíferos, con PSJ Cobre Mendocino como emblema del nuevo impulso minero, en paralelo se viene desplegando un proceso menos visible pero igual de relevante para las autoridades mendocinas: la consolidación de un esquema de control y fiscalización sobre la minería que ya está en actividad. En ese plano, las minas y canteras de tercera categoría se transformaron, de hecho, en el laboratorio operativo donde Mendoza ensaya su modelo de control minero.
Durante los últimos meses, la Policía Ambiental Minera intensificó inspecciones, operativos y acciones sancionatorias sobre explotaciones de áridos y canteras distribuidas en distintos puntos de la provincia. No se trata de intervenciones aisladas: la cronología reciente muestra una lógica sistemática, territorial y técnica, con ceses de actividades, clausuras preventivas y exigencias de adecuación normativa frente a incumplimientos reiterados.
De controles esporádicos a fiscalización permanente
Uno de los datos centrales que surge del seguimiento de estas actuaciones es el cambio de enfoque. La fiscalización dejó de operar exclusivamente bajo demanda o denuncia para avanzar hacia un control permanente, con inspecciones de oficio, operativos simultáneos y verificación integral de condiciones ambientales, de seguridad y documentales.
Las acciones alcanzaron tanto a canteras en zonas rurales como a explotaciones ubicadas en áreas urbanas y periurbanas, donde el impacto potencial sobre personas, infraestructura y ambiente obliga a criterios más estrictos. En varios casos, la reincidencia en faltas -ausencia de habilitaciones, frentes de explotación irregulares, deficiencias de seguridad- derivó directamente en ceses inmediatos de actividades, marcando un endurecimiento del criterio sancionatorio.
En ese marco, uno de los episodios más recientes que sintetiza el giro en la política de control se produjo en diciembre de 2025, cuando la Policía Ambiental Minera dispuso la clausura preventiva de una mina de tercera categoría en la zona de El Carrizal, en Luján de Cuyo, tras una inspección técnica integral. Allí se constataron incumplimientos en materia de seguridad, señalización y desatención de órdenes previas, lo que derivó en una medida preventiva orientada a evitar riesgos tanto para trabajadores como para terceros. El caso se inscribe en una serie de actuaciones donde la reincidencia aparece como un factor determinante para avanzar con sanciones más severas.
Ese antecedente se suma a otros controles realizados durante el mismo período, como el cese de actividades ordenado en una cantera de Malargüe por frentes de explotación irregulares y deficiencias básicas de seguridad, o el operativo masivo sobre 17 explotaciones del Gran Mendoza, que derivó en dos cierres efectivos.
En ese proceso de intensificación del control, también se produjeron efectos colaterales. Algunas de las medidas alcanzaron a minas y canteras de tercera categoría que históricamente abastecen obras públicas provinciales o municipales, generando tensiones operativas y obligando al propio Estado a revisar tiempos, alcances y secuencias de fiscalización. En los hechos, el esquema de control avanzó bajo una lógica de prueba y error, ajustando criterios a medida que se detectaron impactos no previstos sobre cadenas de suministro vinculadas a infraestructura pública.
La trazabilidad del mineral como eje emergente
Otro elemento novedoso del esquema de control es el énfasis en la cadena logística. Los operativos sobre rutas provinciales y nacionales, con verificación de la Guía de Tránsito de Minerales, peso de cargas y documentación asociada, incorporan una dimensión que históricamente había quedado en segundo plano: la trazabilidad del mineral desde el frente de explotación hasta su destino final.
Este punto no es menor. Ordenar el transporte y la documentación de áridos y otros minerales de tercera categoría implica reducir zonas grises en la actividad extractiva, mejorar la recaudación asociada y reforzar la capacidad del Estado para monitorear volúmenes reales de producción. En términos técnicos, se trata de uno de los eslabones más complejos de controlar y, al mismo tiempo, uno de los más sensibles.
Canteras como campo de prueba del modelo mendocino
En la práctica, las canteras funcionan hoy como un campo de prueba del modelo de control que Mendoza aspira a aplicar en proyectos de mayor escala. Allí se ensayan procedimientos, criterios técnicos y mecanismos de coordinación interinstitucional que luego deberán sostenerse cuando la actividad avance hacia exploraciones profundas y, eventualmente, operaciones metalíferas.
La articulación entre la Policía Ambiental Minera, áreas técnicas del Ministerio de Energía y Ambiente, municipios y otros organismos provinciales apunta justamente a unificar criterios de inspección, mejorar el seguimiento posterior a las actas y evitar que las observaciones queden sin corrección efectiva. La experiencia acumulada en tercera categoría permite ajustar protocolos, capacitar equipos y fortalecer la presencia territorial.
Ordenar lo existente antes de escalar
En ese sentido, el mensaje implícito del proceso es claro: antes de habilitar nuevos desarrollos de gran envergadura, el Estado busca ordenar la minería que ya existe y que significan millones de dólares para el PBI. Lejos de ser un segmento marginal, la tercera categoría concentra buena parte de la actividad extractiva cotidiana y de los conflictos asociados a seguridad, ambiente y convivencia territorial.
Para una provincia que intenta reconstruir su institucionalidad minera tras años de parálisis y conflicto, este trabajo silencioso resulta clave. No define titulares, pero sí define capacidades. Y esas capacidades -más que los discursos- serán las que permitan evaluar si Mendoza está en condiciones de sostener, a largo plazo, un esquema de desarrollo minero con control efectivo.
En ese marco, las canteras no son un tema accesorio: son el termómetro operativo del modelo mendocino de fiscalización minera.
