El Gobierno nacional trabaja en revitalizar la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196), un régimen histórico que supera las tres décadas de vigencia y que se prepara para una actualización sustancial a través de un Decreto Reglamentario, presentado —en sus líneas generales— en el cierre del Seminario Argentina Oro, Plata y Cobre de PANORAMA MINERO.
Por Panorama Minero
La reforma, que busca una profunda desburocratización y simplificación administrativa, tiene como eje central fortalecer el régimen para los proyectos que, por condiciones o temporalidad, no ingresen al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y, al mismo tiempo, asegurar la convivencia estratégica entre ambas normas.
El futuro de la Ley y del RIGI, así como la convivencia de ambos regímenes, fue abordado por María Eugenia Bais, Directora Nacional de Inversiones Mineras, y los especialistas en evaluación de proyectos Tay Such y Daniel Jeréz, quienes aportaron la mirada pública y privada sobre la normativa vigente destinada a atraer inversiones al sector.
Bais detalló los cambios que buscan terminar con la discrecionalidad y el “alto nivel de incumplimiento” que caracterizó al sector en años anteriores. Aseguró que “la Ley de Inversiones Mineras y el RIGI no serán excluyentes, sino complementarios”, ya que la Ley Bases habilita esta posibilidad, siempre que los beneficios elegidos “no sean de la misma naturaleza y no se superpongan”.
Desde el Ministerio de Economía se están definiendo los parámetros para regir esta convivencia, especialmente importante para los proyectos con años de antigüedad bajo la Ley 24.196 que evalúan adherirse al RIGI.
La Directora explicó que el RIGI está orientado a “incentivar una inversión concreta para que el proyecto se pueda construir y poner en marcha”, otorgando beneficios con un estatus mejorado como estabilidad fiscal, cambiaria, tributaria y aduanera por 30 años. Hasta ahora, la estabilidad en la Ley de Inversiones solo aplicaba a proyectos con Prefactibilidad aprobada.
La Ley 24.196, vigente desde los años ‘90, mantiene beneficios que el RIGI no reemplaza, como la doble deducción del Impuesto a las Ganancias, lo que obliga a planificar cuidadosamente cómo aplicar el artículo de la Ley Bases que establece que la adhesión al RIGI no implica renunciar a regímenes promocionales preexistentes.
“La Ley de Inversiones Mineras, lejos de perder interés, empieza nuevamente a recibir consultas”, destacó Bais, insistiendo en que “el régimen va a perdurar, pero hay que fortalecerlo y devolverle la seriedad que alguna vez tuvo”. Además, numerosos proyectos de menor escala no podrán acceder al RIGI y dependerán exclusivamente de esta ley para obtener incentivos.
La transformación más profunda llegará con una modificación reglamentaria que busca eliminar la burocracia que habilita la discrecionalidad y avanzar hacia una “fuerte unificación de criterios”. El sector ha criticado históricamente que cada expediente pudiera tener una interpretación distinta según el funcionario a cargo.
Estos cambios, calificados por Bais como un “gran salto de calidad”, se reflejarán en el decreto reglamentario e incluirán modificaciones en el régimen de importación, la devolución del IVA, el régimen de amortizaciones, la armonización ambiental con las áreas competentes, y ajustes en las declaraciones juradas anuales obligatorias.
Las adaptaciones en curso, que implican desregulación y simplificación, “no significan una falta de control, sino un control ejercido de otra manera”, aclaró Bais. La funcionaria anticipó que se cambiará la metodología de auditorías, que pasarán a incluir visitas presenciales para evaluar los proyectos desde un enfoque legal y concreto, más allá de la documentación.
Finalmente, se implementarán herramientas de derecho informático para registrar todos los antecedentes de los proyectos, lo que permitirá contar con información fidedigna, evitando el registro de datos sin respaldo documental.
