La reaparición de Mendoza en el Annual Survey of Mining Companies 2025 del Fraser Institute constituye un dato institucional relevante. Luego de tres años fuera del listado por no alcanzar el mínimo de respuestas exigido por la metodología del informe, la provincia vuelve a figurar entre las 68 jurisdicciones evaluadas a nivel global, en un contexto de reactivación de la agenda minera provincial.
Por Panorama Minero
Para ser incluida en el relevamiento, una jurisdicción debe recibir al menos cinco evaluaciones de ejecutivos que declaren familiaridad operativa con ella. En términos prácticos, la reactivación de la actividad minera permitió que Mendoza volviera a generar interés, evaluaciones y respuestas suficientes para reingresar al informe. Con ello, la provincia vuelve a aparecer en el mapa comparativo que utilizan compañías y fondos para evaluar destinos de exploración.
Posicionamiento general y percepción regulatoria
En el Investment Attractiveness Index, que combina potencial geológico y variables de política pública, Mendoza obtuvo 53,06 puntos, ubicándose en el puesto 56 entre 68 jurisdicciones.
En el Policy Perception Index, que evalúa exclusivamente factores regulatorios e institucionales, la provincia registró 46,94 puntos, lo que la posiciona en el tercio inferior del ranking.
Los resultados muestran que la recuperación de visibilidad institucional no se traduce todavía en niveles competitivos dentro del ranking global. Las evaluaciones se concentran principalmente en variables vinculadas al entorno regulatorio.
Dónde se concentra la penalización
En regulaciones laborales, el 42,9% de los encuestados considera que constituyen un freno fuerte a la inversión, mientras que otro 42,9% las define como freno leve, lo que implica que más del 85% percibe algún nivel de obstáculo en este aspecto.
En acuerdos socioeconómicos, el 44,4% los califica como freno fuerte y el 33,3% como freno leve. En infraestructura, el 50% la identifica como freno leve y el 25% como freno fuerte. La duplicación normativa también aparece como un factor relevante: el 33,3% la considera un freno fuerte y el 22,2% un freno leve.
En áreas protegidas, el 33,3% percibe un freno fuerte y el 11,1% afirma que no invertiría por ese motivo. En reclamos territoriales, el 44,4% identifica un freno fuerte. Respecto de la incertidumbre en la administración e interpretación de regulaciones, el 30% la considera un freno fuerte y un 10% la ubica directamente como motivo para no invertir.
Factores donde Mendoza no aparece penalizada
En materia de seguridad, el 42,9% de los encuestados considera que fomenta la inversión y el 28,6% la define como no disuasiva.
En barreras comerciales, el 62,5% las considera no disuasivas y solo el 25% las identifica como un freno fuerte.
Incluso en regulaciones ambientales, el 50% de los encuestados señala que no constituyen un obstáculo, aunque el 20% las define como freno fuerte y el 10% las considera excluyentes.
El lugar de la Ley 7.722 en la percepción inversora
El informe del Fraser Institute no evalúa leyes específicas, sino la percepción general del marco regulatorio. En el caso de Mendoza, la Ley 7.722 influye indirectamente en varias dimensiones del índice, particularmente en la regulación ambiental, la incertidumbre en la administración normativa y la percepción de complejidad institucional.
La prohibición de determinadas sustancias, como el ácido sulfúrico, constituye una restricción técnica concreta. Sin embargo, desde la perspectiva de los inversores, el elemento más sensible parece ser la instancia legislativa posterior a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La necesidad de que la DIA sea aprobada por la Legislatura introduce un componente político posterior al análisis técnico que incide en la percepción de riesgo.
El hecho de que alrededor de un 30% de los encuestados considere la regulación ambiental como freno fuerte o excluyente y que cerca de un 40% perciba elevada incertidumbre en la administración normativa refuerza esa interpretación institucional más amplia.
Comparación directa con San Juan
En San Juan, cerca del 60% de los encuestados considera que la regulación ambiental no es disuasiva, alrededor del 10% la define como promotora de inversión y otro 10% la percibe como freno fuerte, sin registrar respuestas en la categoría excluyente.
La diferencia no radica necesariamente en el nivel de exigencia ambiental, sino en la previsibilidad del proceso regulatorio. Mientras en Mendoza alrededor de un 30% ubica la regulación ambiental en niveles de freno fuerte o excluyente, en San Juan ese segmento se reduce significativamente y no aparece la categoría de rechazo total.
En incertidumbre administrativa, Mendoza concentra un 30% de freno fuerte y un 10% de no inversión, mientras que San Juan registra una mayor proporción de respuestas en categorías neutrales o positivas y menor presencia en niveles de riesgo alto.
San Juan obtuvo 76,94 puntos en el índice general, ubicándose en la mitad superior del ranking global, con una percepción regulatoria más favorable y menor proporción de respuestas en categorías críticas.
Una provincia en transición
La reaparición de Mendoza en el Fraser confirma que la actividad reciente permitió recuperar visibilidad internacional. Sin embargo, los resultados del informe indican que el principal desafío se concentra en la percepción del marco regulatorio y en la previsibilidad institucional del proceso minero.
En la competencia por capital exploratorio, volver al radar internacional constituye un primer paso. La evolución en el ranking dependerá de la reducción de percepciones de complejidad regulatoria e incertidumbre institucional frente a otras jurisdicciones argentinas, como San Juan.
