Mientras otras jurisdicciones negocian con la Nación, Mendoza respalda el proyecto que refuerza el rol provincial en la identificación de áreas protegidas y apunta a generar previsibilidad para la inversión minera.
Por Panorama Minero
El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso de un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), con el objetivo de redefinir su alcance operativo y corregir interpretaciones que, en los hechos, se transformaron en una de las principales barreras para el desarrollo de proyectos mineros en Argentina. La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, propone fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la identificación, delimitación y evaluación de glaciares y ambientes periglaciares, incorporando criterios técnicos vinculados a la función hídrica efectiva.
En ese escenario, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó su respaldo a la reforma, aunque lo hizo desde una posición particular dentro del mapa político minero. A diferencia de otros mandatarios provinciales que mantienen negociaciones directas con la Nación en torno a la letra fina del proyecto, Mendoza acompaña la modificación sin colocarse en el centro del debate, en un momento en el que la provincia atraviesa su propio proceso de reconstrucción de la actividad minera luego de casi dos décadas de freno.
El proyecto oficial introduce cambios relevantes desde la óptica minera. Entre ellos, establece que las geoformas inventariadas se consideran protegidas hasta tanto la autoridad ambiental competente verifique que no cumplen funciones hídricas estratégicas. Una vez constatada esa condición, dejan de estar alcanzadas por las prohibiciones de la ley. Este punto resulta central para el sector, ya que condiciona la protección a criterios técnicos verificables, y no a interpretaciones amplias o preventivas sin sustento específico.
Cornejo destacó que Mendoza ya viene aplicando, en la práctica, buena parte de los criterios que ahora busca formalizar la Nación. “La ley está en ejecución hace 15 años y no se ha hecho ningún proyecto porque ninguno pasa la parte interpretativa de lo que es periglaciar. Pero los procedimientos que le quedan a la ley y lo que ha mandado el Poder Ejecutivo al Senado cumplen con lo que ya hace Mendoza en sus proyectos de minería”, señaló el mandatario.
Desde el punto de vista operativo, explicó que en la provincia se consulta sistemáticamente al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que analiza las áreas de intervención y realiza inventarios específicos en las zonas donde se proyectan actividades mineras. “Mendoza está un paso adelante porque ya lo estamos haciendo en los procedimientos del Código Minero y en las declaraciones de impacto ambiental que se aprobaron en la Legislatura durante 2024 y 2025”, afirmó.
Postura mendocina
En clave sectorial, el planteo del gobernador apunta a un problema conocido por la industria: la ambigüedad normativa terminó funcionando como un bloqueo estructural, incluso en proyectos que no se superponen con glaciares ni con ambientes periglaciares funcionales. “Creo que la ley viene a cubrir un vacío de interpretación. Es una ley que es pour la galerie, porque hace 15 años que se sancionó y nunca se pudo aplicar de manera efectiva”, expresó Cornejo, en referencia a las dificultades presupuestarias, técnicas y administrativas que demoraron la consolidación del Inventario Nacional de Glaciares.
Si bien el primer inventario fue presentado en 2018 y en diciembre de 2024 se publicó una actualización parcial correspondiente a los Andes Desérticos, aún resta completar la región de los Andes Centrales, donde se concentran proyectos mineros de cobre de escala mundial en provincias como San Juan y Mendoza. Esa actualización recién estaría finalizada en el primer semestre de 2026, un plazo que, para la lógica de inversión minera, resulta excesivo.
En este punto, el gobernador fue enfático al señalar que, en Mendoza, ninguna de las declaraciones de impacto ambiental aprobadas involucra glaciares. “Ninguno de los proyectos está en zona glaciar. Nadie pretende hacer minería ni ninguna otra actividad en glaciares. En las zonas periglaciares se hacen los estudios correspondientes para garantizar que no se afecten funciones hídricas”, sostuvo.
En ese marco, desde el Gobierno provincial también recuerdan que la aplicación de estos criterios no es meramente declarativa. En el proceso de conformación del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), el listado original de proyectos fue revisado y dos iniciativas fueron descartadas al detectarse que su desarrollo podría afectar áreas con presencia de glaciares o ambientes periglaciares sensibles, según los análisis técnicos realizados. La exclusión de esos proyectos es presentada como un ejemplo concreto de que la evaluación ambiental opera como un filtro real y que la provincia no avanza con emprendimientos que no cumplan con los estándares exigidos en materia de protección glaciar.
Respaldo con la mirada puesta en lo local
Desde una mirada minera, la postura mendocina busca diferenciar dos planos: por un lado, el respaldo a una reforma que otorgue previsibilidad regulatoria, reduzca discrecionalidades y alinee la normativa ambiental con estándares técnicos internacionales; por otro, la necesidad de avanzar en la instalación efectiva de la actividad, un proceso que recién comenzó a destrabarse con la aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, el único emprendimiento de cobre autorizado para producción en la provincia.
En ese sentido, PSJ aparece más como un símbolo del cambio de etapa que como el eje del debate sobre glaciares. El proyecto no presenta condicionamientos vinculados a estas geoformas, pero su aprobación marcó un punto de inflexión político y técnico en una provincia que busca volver a ser parte del mapa minero nacional.
Mientras tanto, lo que sí se espera es que los legisladores nacionales por Mendoza que responden al gobernador acompañen la reforma cuando el proyecto llegue al recinto. Ese respaldo parlamentario sería coherente con una posición que Mendoza ya sostiene en la práctica: defensa del ambiente basada en evidencia técnica, respeto por las competencias provinciales y necesidad de generar condiciones para atraer inversiones mineras de largo plazo.
En un contexto regional donde Chile y Perú avanzan con marcos regulatorios claros y estabilidad jurídica, la discusión sobre la Ley de Glaciares aparece, para el sector minero argentino, como una pieza clave para recuperar competitividad. En ese tablero, Mendoza elige acompañar sin sobreactuar, con la mirada puesta en consolidar reglas claras que permitan que los proyectos pasen del papel a la producción.
