El Gobierno de Mendoza otorgó un aporte de $137.000.000 al Fideicomiso para el Desarrollo de Malargüe y del Polo Logístico y de Servicios “Pata Mora” y Fomento a la Actividad Minera, destinado al fortalecimiento de la Dirección de Minería. Lo dispuso el Decreto 2162/26, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y refrendado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.
Por Panorama Minero
Los fondos provienen de la recaudación del régimen de Guías de Tránsito de Minerales, previsto en la Ley 8434 y en el Código de Procedimiento Minero. Ese dinero tiene afectación específica al control y la fiscalización del sector, de modo que la actividad minera aporta los recursos que la provincia aplica a supervisarla.
En qué se aplicarán los fondos
El decreto establece que la suma se destinará de manera exclusiva y excluyente a cuatro rubros:
- Control y fiscalización: operativos de la Policía Ambiental Minera en rutas y plantas.
- Trazabilidad ambiental: sostenimiento de los sistemas digitales para el control de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
- Equipamiento: equipos técnicos, movilidad e insumos para inspectores en todo el territorio provincial.
- Modernización del sector: plataformas digitales de autogestión y capacitaciones obligatorias.
El primero de esos rubros, los operativos en ruta y plantas, apunta al mismo instrumento que genera los fondos.
De la ley de canteras al nuevo Código
La Ley 8434, sancionada en junio de 2012 para regular la explotación de canteras de tercera categoría, tipificó como infracción el transporte de material sin la guía de tránsito correspondiente. La misma norma creó un Fondo Especial Minero integrado por los aranceles de las Guías de Transporte de Minerales, un porcentaje de regalías y lo recaudado en multas. Estas últimas quedaron destinadas en forma exclusiva a la compra de equipamiento para controles.
El instrumento tomó su forma actual con el Código de Procedimiento Minero, promulgado en junio de 2024 en reemplazo del código de 1945, que regula la guía en sus artículos 191 a 199. La guía ampara de manera obligatoria el transporte y la comercialización de minerales y sustancias pétreas en todo el territorio provincial. Alcanza a todos los que intervienen en la cadena: producción, transporte, comercialización e industrialización.
La emite la autoridad minera a pedido del interesado, por cada derecho o proyecto minero. Debe consignar mineral, origen, destino, productor, transportista, vehículo y contactos ante emergencias, y rige hasta la recepción del material en destino o hasta un cambio del medio de transporte declarado. El Código prevé además guías para muestras con fines científicos, guías internas para traslados dentro de un mismo proyecto sin circular por rutas públicas y el reconocimiento de guías de otras jurisdicciones en el tránsito interprovincial.
En la misma reforma, la Legislatura modificó la Ley de Tránsito 9024. Circular sin la guía pasó a ser falta gravísima y habilita la retención de la licencia de conducir.
La Policía Ambiental Minera aplica el régimen en operativos conjuntos con Gendarmería Nacional, Vialidad Provincial y Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de Mendoza. En esos controles, Vialidad pesa los camiones en básculas móviles para contrastar el tonelaje declarado en la guía con el peso real. Un operativo sobre la Ruta Nacional 7, con participación de la CNRT y la Policía Rural, terminó con 20 actas labradas. En las plantas, una inspección a 17 canteras de áridos del Gran Mendoza derivó en el cese de actividades de dos.
Ese circuito de cobro y control se ejecuta ahora a través de un instrumento financiero que la provincia ya tenía en funcionamiento.
Un fideicomiso con alcance minero
El fideicomiso fue constituido por el Decreto 2488/22 para impulsar el desarrollo de Malargüe y del polo logístico y de servicios de Pata Mora, y recibió una Primera Adenda aprobada por el Decreto 730/2025. Su denominación actual incorpora el fomento a la actividad minera. El decreto ordena aplicar el aporte a ese fin, al fortalecimiento de la autoridad minera y a los objetivos del mandato fiduciario. El fiduciario es Mendoza Fiduciaria S.A.
El circuito queda así:
- La recaudación de las guías ingresa al Tesoro provincial.
- La Tesorería General la transfiere con cargo al Presupuesto 2026.
- El fideicomiso la ejecuta con destino a la Dirección de Minería.
Aunque el vehículo lleva el nombre de Malargüe y Pata Mora, los fondos alcanzan a la fiscalización en todo el territorio provincial. Ese alcance acompaña un mapa minero que la provincia viene ampliando en distintas regiones.
El control frente a una cartera en expansión
Mendoza sumó en los últimos años nuevas áreas de exploración con evaluación ambiental previa, a partir de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y de Mendoza Norte Distrito Minero, y avanzó con PSJ Cobre Mendocino en Uspallata. Cada aprobación ambiental fija condiciones que la autoridad de aplicación debe seguir en el tiempo. Los sistemas digitales de control de las DIA y la dotación de inspectores incluidos en el decreto apuntan a esa etapa de seguimiento.
El aporte de $137 millones articula tres piezas que funcionaban por separado:
- un régimen de cobro que el Código de 2024 extendió a toda la cadena minera;
- un fideicomiso pensado para el desarrollo del sur provincial;
- una autoridad minera que debe acompañar con fiscalización el crecimiento de la cartera de proyectos.
