La fiscalización minera en Mendoza empezó a sumar una nueva capa técnica. La Policía Ambiental Minera (PAM), dependiente de la Dirección de Minería, incorporó drones para reforzar inspecciones y avanzar en un esquema de control con mayor precisión sobre volúmenes extraídos, movimientos de material y evolución de las áreas intervenidas. La medida se apoya en relevamientos aéreos de alta resolución y apunta a consolidar registros digitales sobre explotaciones activas en la provincia.
Por Panorama Minero
La herramienta llega en un momento donde Mendoza viene endureciendo su esquema de control sobre la minería de tercera categoría, especialmente sobre canteras y explotaciones de áridos, un segmento que durante los últimos meses se transformó en el principal laboratorio operativo del nuevo modelo de fiscalización minera provincial.
El salto técnico cambia el alcance del control. A partir del uso de drones, la autoridad minera podrá generar ortofotos, modelos digitales de elevación y reconstrucciones tridimensionales de las áreas inspeccionadas. Esa información permitirá construir líneas de base, documentar el estado actual de cada explotación y comparar modificaciones en el tiempo.
En términos operativos, el sistema permite relevar grandes superficies en pocos minutos, acceder a zonas complejas y mejorar la cobertura territorial. A eso se suma la posibilidad de identificar variaciones topográficas, calcular volúmenes removidos y detectar sectores con potencial inestabilidad geotécnica.
De esta forma, la fiscalización deja de depender únicamente de la inspección presencial y empieza a apoyarse sobre evidencia técnica digital.
Trazabilidad sobre producción y transporte
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la trazabilidad. Según explicó la Dirección de Minería, los datos generados durante las inspecciones podrán cruzarse con las Declaraciones Juradas de Producción y con las Guías de Transporte de Minerales emitidas para cada operador.
Ese cruce abre una verificación más precisa entre lo efectivamente extraído, lo declarado por los titulares y lo transportado fuera de cantera. En términos prácticos, el objetivo es reducir márgenes de subdeclaración, mejorar la consistencia documental y reforzar la capacidad del Estado para seguir la cadena minera desde el frente de explotación hasta su destino final.
Ese punto ya venía ganando espacio en operativos recientes sobre rutas provinciales y nacionales, donde la fiscalización incorporó controles sobre documentación, peso de cargas y origen del material transportado.
Canteras como campo de prueba del nuevo modelo
El despliegue de drones no aparece aislado. Durante los últimos meses, la Policía Ambiental Minera intensificó inspecciones, clausuras preventivas y ceses de actividades en distintas canteras del Gran Mendoza y zonas rurales, con foco en habilitaciones, condiciones de seguridad y cumplimiento operativo.
Ese proceso consolidó un cambio de enfoque: pasar de controles esporádicos o por denuncia a un esquema de fiscalización permanente, territorial y con mayor soporte técnico. Dentro de esa lógica, la minería de tercera categoría funciona hoy como el espacio donde Mendoza está ajustando procedimientos, construyendo capacidad operativa y probando herramientas que podrían escalar hacia segmentos de mayor complejidad.
En ese escenario, la digitalización del control empieza a ocupar un lugar central. No sólo por la capacidad de registrar lo que ocurre en tiempo real, sino porque incorpora un nivel de trazabilidad técnica que hasta ahora tenía un desarrollo limitado dentro de la estructura de fiscalización minera provincial.
