La competencia por transformar recursos minerales en inversiones concretas comienza a trasladar una parte creciente de la discusión hacia las provincias. San Juan, Mendoza y Jujuy llegan desde realidades mineras diferentes, pero sus gobernadores coinciden en varios de los factores que consideran determinantes para que los proyectos avancen: previsibilidad, infraestructura, permisos y capacidad para sostener esas condiciones en el tiempo.
Por Panorama Minero
Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Carlos Sadir abordaron esa agenda durante una conversación entre gobernadores realizada en Buenos Aires, en el marco del US-Argentina Forum on Critical Minerals. La mesa fue moderada por Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.
Las diferencias entre las tres provincias permiten observar distintos momentos del desarrollo minero argentino. Jujuy cuenta con una industria en producción y una fuerte participación del litio en su matriz exportadora. San Juan concentra historia y buena parte de los grandes proyectos de cobre que podrían modificar la escala minera del país durante la próxima década. Mendoza, por su parte, atraviesa una nueva etapa de desarrollo después de años de restricciones y debates alrededor de la actividad.
Cornejo: dos condiciones que ahora empiezan a coincidir
Para el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el escenario actual presenta una combinación que Argentina no siempre consiguió reunir: una economía nacional que busca estabilizar sus principales variables y provincias dispuestas a competir por inversiones mineras.
Cornejo identificó precisamente esas dos condiciones como centrales para el desarrollo del sector: estabilidad macroeconómica a nivel nacional y gobiernos provinciales que faciliten inversiones, agilicen procedimientos y otorguen previsibilidad.
Su planteo tiene una particular relevancia en Mendoza. La provincia busca recuperar terreno dentro del mapa minero argentino y este año consiguió un hito con la aprobación de la adhesión al RIGI de PSJ Cobre Mendocino, proyecto que contempla una mina a cielo abierto y una planta concentradora con capacidad para procesar alrededor de 10 millones de toneladas de mineralización de cobre y oro por año.
En ese contexto, Cornejo puso entre los atributos que una jurisdicción puede ofrecer una presión impositiva competitiva, recursos humanos calificados, seguridad jurídica y procedimientos administrativos capaces de acompañar los tiempos de las inversiones.
También destacó el valor de que las principales decisiones vinculadas con los proyectos cuenten con respaldos políticos amplios. Para inversiones cuya vida puede extenderse durante décadas, la capacidad de sostener las reglas más allá de un período de gobierno pasa a formar parte del análisis de riesgo.
Su mensaje hacia adelante fue sintetizado en una definición: “mantengamos el rumbo, trabajemos juntos”.
Sadir: producir también expone lo que falta
La perspectiva de Carlos Sadir parte de otro punto. Jujuy cuenta con una industria minera consolidada y dos operaciones de litio a escala comercial, en una economía provincial donde el peso del sector ya resulta determinante.
“La minería representa más del 75% de nuestras exportaciones”, señaló el gobernador. La magnitud encuentra respaldo en las estadísticas provinciales: en 2025 Jujuy exportó productos mineros por alrededor de US$953 millones, se ubicó como la tercera jurisdicción minera exportadora del país y explicó cerca del 15,9% de las exportaciones mineras argentinas.
Para Sadir, esa experiencia también permite identificar con mayor precisión dónde aparecen los límites al crecimiento. Y uno de ellos es la infraestructura.
El gobernador puso especial énfasis en el estado de las rutas y en la conectividad necesaria para una provincia que combina producción minera en la Puna con una ubicación estratégica hacia Chile y los puertos del Pacífico.
Al referirse a la infraestructura vial fue particularmente crítico y advirtió que algunos caminos se están “desmejorando de una manera alarmante”.
El planteo incorpora una característica central de la geografía minera del NOA: buena parte de los proyectos se encuentra a grandes distancias de los centros urbanos y depende de corredores que deben soportar movimiento constante de trabajadores, insumos y producción.
A eso se suman las necesidades energéticas y de gas, además de la conectividad internacional. Para Jujuy, mejorar la salida hacia Chile puede tener efectos que exceden a la minería y modificar la competitividad logística de otras actividades productivas.
La experiencia jujeña deja así una lectura diferente: el crecimiento de la producción empieza a exigir una infraestructura capaz de acompañar una industria que ya ocupa un lugar central en la economía provincial.
Orrego: acelerar sin perder control
En San Juan, Marcelo Orrego puso el foco en otro componente de la ecuación: los tiempos administrativos.
El gobernador planteó la necesidad de avanzar hacia procedimientos más expeditivos para los proyectos, sin resignar la rigurosidad de los controles ambientales y técnicos. La velocidad de las autorizaciones se convierte así en una variable competitiva en un escenario donde los grandes capitales mineros comparan jurisdicciones antes de tomar decisiones de inversión.
San Juan enfrenta esa discusión con una cartera de cobre cuya escala podría modificar sustancialmente la economía provincial. Vicuña, El Pachón, Los Azules y otros desarrollos de renombre global concentran inversiones potenciales de miles de millones de dólares y requerirán infraestructura, proveedores y trabajadores en una magnitud que la provincia todavía no experimentó.
Para Orrego, uno de los activos necesarios para atravesar ese proceso es la confianza.
La reciente relación entre Vicuña y el Gobierno provincial ofrece un ejemplo concreto. El acuerdo alcanzado contempla un aporte extraordinario de US$250 millones destinado a infraestructura estratégica, además de otros componentes económicos asociados al futuro desarrollo del proyecto.
Pero el gobernador ubicó esas obras dentro de una estrategia provincial más amplia. Su planteo es que la infraestructura generada alrededor de los proyectos mineros pueda ser utilizada también por otras cadenas productivas de San Juan.
Vitivinicultura, pistacho y producción de tomate deshidratado fueron algunos de los ejemplos utilizados para explicar una idea que empieza a aparecer con mayor frecuencia alrededor de los grandes proyectos: la infraestructura minera puede adquirir valor económico más allá de la propia mina si se planifica con lógica territorial.
Tres provincias, una discusión de largo plazo
Las posiciones de los tres gobernadores confluyen en un punto particularmente sensible para una industria cuyos proyectos pueden necesitar más de una década entre descubrimiento, estudios, permisos, financiamiento, construcción y producción.
El horizonte de una inversión minera es considerablemente más largo que el de cualquier administración provincial o nacional.
Esa diferencia de tiempos convierte a la continuidad en una variable económica. Un proyecto de cobre puede atravesar varios gobiernos antes de producir su primera tonelada y continuar operando durante décadas después de recuperar su inversión inicial.
Por eso, seguridad jurídica, estabilidad fiscal, procedimientos administrativos e infraestructura aparecen estrechamente vinculados. Las provincias pueden disponer de recursos geológicos excepcionales, pero la competencia por el capital se define también por las condiciones existentes alrededor de esos recursos.
En ese escenario, cada jurisdicción parte de una posición distinta. Jujuy necesita acompañar con infraestructura una industria que ya produce; San Juan debe preparar su estructura para una cartera de cobre de una escala inédita; y Mendoza busca demostrar que puede convertir su reapertura minera en proyectos concretos y sostenibles en el tiempo.
Las tres, sin embargo, enfrentan una misma pregunta: cómo transformar una ventana favorable para la minería argentina en inversiones capaces de atravesar ciclos económicos, cambios de gobierno y décadas de operación.
