Energía, rutas, ferrocarriles y corredores logísticos ganan protagonismo a medida que los proyectos avanzan y la geopolítica se alinea con la bondad de recursos y capacidad productiva de la región. Empresas, funcionarios y gobernadores coincidieron en que el desafío ya no pasa únicamente por atraer inversiones, sino también por generar las condiciones para ejecutarlas.
Por Panorama Minero
Argentina comienza a enfrentar una consecuencia directa del crecimiento de su cartera minera: los grandes proyectos requieren infraestructura de una escala que obliga a planificar más allá de los límites de cada operación. Energía, rutas, ferrocarriles, pasos fronterizos y capacidad logística aparecen entre los principales desafíos señalados por representantes de los sectores público y privado.
El tema atravesó distintas exposiciones del US-Argentina Forum on Critical Minerals, realizado este jueves en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires. El encuentro fue organizado por AmCham Argentina y el US-Argentina Business Council de la U.S. Chamber of Commerce, junto con Citi y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Participaron autoridades nacionales y provinciales, compañías mineras y representantes del sector financiero.
Con varios proyectos de cobre de clase mundial que buscan avanzar durante los próximos años y una industria del litio que ya cuenta con siete operaciones en producción y nuevos desarrollos en marcha, la discusión empieza a incorporar con mayor peso las condiciones necesarias para concretar esas inversiones.
Uno de los planteos surgió del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien diferenció los desafíos energéticos de los logísticos. A su criterio, Argentina está probablemente mejor preparada para encontrar soluciones definitivas en materia de energía que en logística, donde las necesidades y las alternativas dependen de la ubicación y las características de cada proyecto.
En ese marco, Lucero mencionó el proceso de privatización del Belgrano Cargas y su potencial importancia para la minería. El sistema podría cumplir un papel relevante tanto en el transporte de insumos hacia las operaciones de litio y los futuros proyectos de cobre como en el traslado de la producción hacia el Atlántico, en aquellos casos en los que las compañías opten por esa alternativa.
El planteo, sin embargo, fue más amplio que la infraestructura física. La disponibilidad de recursos humanos también apareció entre las condiciones necesarias para acompañar una eventual expansión de la actividad, desde trabajadores técnicos hasta profesionales de distintas ramas de la ingeniería y servicios especializados.
Vicuña y una infraestructura con dimensión de megaproyecto
Uno de los casos que permitió dimensionar esas necesidades fue Vicuña, el distrito de cobre, oro y plata conformado por los proyectos Filo del Sol y Josemaría, en San Juan.
Durante el foro se describió el desafío de desarrollar un proyecto de esa escala en una zona remota de alta montaña, próxima a la frontera con Chile. Por su magnitud, la infraestructura necesaria para llevarlo adelante constituye un conjunto de grandes proyectos en sí mismo.
La energía es uno de los componentes centrales. Para la primera fase de Josemaría se encuentra autorizada una demanda de 260 MW, junto con una ampliación del sistema de transporte eléctrico. El esquema incluye una nueva línea de extra alta tensión de 500 kV y aproximadamente 167 kilómetros de extensión entre Rodeo y Chaparro, además de nuevas instalaciones y ampliaciones en estaciones transformadoras.
La obra refleja una de las ideas que se repitieron durante las conversaciones del foro: parte de la infraestructura requerida por la minería puede exceder las necesidades del propio yacimiento e incorporarse a sistemas que también atienden otras demandas productivas y territoriales.
Los accesos representan otro frente. Desde Vicuña señalaron que el desarrollo requiere más de 200 kilómetros de infraestructura vial desde las zonas pobladas hasta el área del proyecto. A ello se suma el análisis de distintas alternativas para movilizar insumos y, en el futuro, transportar la producción.
También se encuentra el acuerdo alcanzado entre Vicuña y el gobierno de San Juan, mediante el cual la compañía comprometió un aporte extraordinario de US$250 millones para infraestructura provincial. El gobernador Marcelo Orrego remarcó durante el encuentro que se trata de un aporte no reembolsable y sostuvo que las obras deben pensarse también en función de otras actividades económicas de la provincia.
El razonamiento resulta especialmente relevante para San Juan. La provincia no solo proyecta una expansión minera, sino que cuenta con producción agrícola, vitivinícola y agroindustrial que también depende de rutas, energía y conexiones logísticas. Según planteó Orrego, el desafío consiste en integrar las necesidades de los nuevos proyectos dentro de una infraestructura que amplíe las capacidades del conjunto de la economía provincial.
Las provincias ponen la logística entre sus prioridades
La infraestructura también ocupó un lugar central en las intervenciones de los gobernadores.
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, advirtió sobre el estado de las rutas utilizadas para movilizar producción e insumos. Sostuvo que la situación se está “desmejorando de una manera alarmante”, en un contexto de creciente circulación de transporte pesado.
El mandatario jujeño puso además el foco en la necesidad de fortalecer la conexión con Chile. Para los proyectos ubicados en el norte argentino, contar con corredores eficientes hacia los puertos del Pacífico puede ofrecer una alternativa frente al traslado de cargas hacia las terminales del centro y el este del país.
Sadir incorporó a esa agenda las inversiones en energía y gas y reclamó coordinación con el gobierno nacional para atender necesidades que exceden las posibilidades de una provincia por sí sola.
Desde Mendoza, Alfredo Cornejo también ubicó a la infraestructura básica entre los elementos que una jurisdicción debe ofrecer para atraer y sostener inversiones, junto con la seguridad jurídica, la disponibilidad de recursos humanos calificados y un entorno competitivo para las empresas.
En San Juan, Orrego puso el énfasis en otro concepto: la confianza. Para el gobernador, acelerar las inversiones depende tanto de la disponibilidad de recursos como de generar previsibilidad para compañías que toman decisiones con horizontes de varias décadas.
El desafío no termina en conseguir el capital
La magnitud de las necesidades abre una segunda discusión: quién financia, estructura y ejecuta la infraestructura que deberá acompañar el desarrollo de las minas.
Los grandes proyectos pueden resolver por cuenta propia una parte sustancial de sus requerimientos. El escenario se vuelve más complejo cuando aparecen rutas públicas, ampliaciones de redes eléctricas, ferrocarriles, pasos internacionales u otras obras cuyo uso y beneficio exceden a una sola compañía.
Durante el foro, representantes vinculados al financiamiento señalaron que el desafío no consiste únicamente en disponer de capital. También se necesita capacidad para identificar las obras prioritarias, estructurar su financiamiento y ejecutarlas dentro de los plazos que requieren los proyectos.
La cuestión adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de que varios desarrollos de gran escala avancen en simultáneo. La nueva cartera cuprífera demandará ingeniería, construcción, equipamiento, energía, trabajadores especializados y proveedores, además de infraestructura externa a cada operación.
En ese contexto también aparece la relación con Estados Unidos. La agenda bilateral sobre minerales críticos incorpora herramientas de financiamiento y preparación de proyectos, junto con el interés por desarrollar cadenas de suministro más resilientes.
Durante el encuentro, representantes de la U.S. Trade and Development Agency (USTDA) explicaron que la agencia puede participar en etapas tempranas mediante aportes no reembolsables destinados a estudios de factibilidad, asistencia técnica y proyectos piloto. Ese apoyo puede comprender también necesidades asociadas de energía, transporte y otras infraestructuras.
La discusión forma parte de una agenda más amplia entre ambos países, que durante el foro incluyó el financiamiento de proyectos mineros y de procesamiento, el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) y el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos.
De atraer inversiones a poder ejecutarlas
Durante años, buena parte de la discusión minera argentina estuvo concentrada en cómo generar condiciones para atraer grandes inversiones. El avance de nuevos proyectos suma ahora otra pregunta: si esas inversiones llegan, ¿está preparada la infraestructura para acompañarlas?
La escala de los desarrollos cupríferos vuelve especialmente relevante ese interrogante. Una mina que requiere varios miles de millones de dólares y puede operar durante décadas no se desarrolla únicamente dentro de los límites de su concesión. Necesita energía, caminos capaces de soportar un movimiento creciente de cargas, conexiones con los mercados internacionales, proveedores y recursos humanos.
Por eso, la infraestructura ocupa un lugar cada vez mayor dentro de la discusión sobre la competitividad minera del país. Las decisiones que se adopten hoy sobre redes eléctricas, rutas, ferrocarriles y corredores internacionales pueden terminar determinando no solo los costos de los proyectos que buscan avanzar, sino también qué regiones estarán en mejores condiciones de recibir nuevas inversiones.
La próxima prueba para la minería argentina empieza a aparecer con mayor claridad: atraer capital seguirá siendo indispensable, pero el desarrollo de la nueva cartera también dependerá de la capacidad del país para construir alrededor de esos proyectos. Alejados de los grandes centros urbanos y ubicados a alturas que desafían la logística y la resistencia humana, estos desarrollos ya impactan de lleno en las regiones donde se insertan y lo harán con todavía más fuerza durante los próximos años.
