La aprobación del Proyecto San Jorge en Diputados lo acerca a un lugar privilegiado para volver a poner a la Argentina en el mapa del cobre mundial.
Por Panorama Minero
La media sanción que la Cámara de Diputados de Mendoza otorgó a un paquete de leyes mineras y Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) no es un simple avance administrativo. Representa, en realidad, el primer paso para la fractura del statu quo que paralizó el desarrollo metalífero en la provincia durante casi dos décadas. Ahora, falta la segunda parte con el tratamiento en el Senado, pero se prevé que el camino puede ser similar.
El movimiento, liderado por la administración de Alfredo Cornejo, constituye el hito más determinante en la historia económica reciente de Mendoza y envía un mensaje contundente al mercado global: la provincia está, finalmente, dispuesta a explotar su potencial cuprífero.
La estrategia mendocina pivotea sobre la aprobación de dos pilares estructurales -el Régimen de Regalías y el Fondo de Compensación Ambiental- junto con las DIA de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO II).
Lo crucial de este proceso reside en la anomalía regulatoria impuesta por la Ley 7.722. A diferencia de las principales jurisdicciones mineras del mundo, Mendoza subordina la conclusión técnica de una DIA a un aval político-legislativo. Este requisito convierte la evaluación ambiental en un debate político de alta volatilidad, inyectando una incertidumbre que históricamente frustró grandes inversiones.
La administración Cornejo busca precisamente despejar esta incertidumbre mediante el precedente de PSJ. El proyecto avanza, aunque debe pagar un costo técnico significativo para ajustarse a las restricciones de la 7.722. PSJ debe desechar 50 millones de toneladas de mineral oxidado de su stock que, bajo condiciones normales, se procesaría por lixiviación, una técnica vetada por la ley. La operación se limita a la producción de concentrado mediante flotación mecánica clásica. Esta renuncia técnica es el precio de obtener viabilidad política, demostrando que la minería puede operar dentro de los confines de una ley restrictiva.
El cobre como motor minero argentino
El significado de la aprobación de PSJ Cobre Mendocino en la Cámara de Diputados es doble. Primero, revierte el rechazo unánime que el mismo yacimiento (entonces San Jorge) sufrió en 2011. En segundo lugar, y más importante a nivel nacional, su paso al Senado lo posiciona para convertirse en uno de los primeros proyecto de cobre en producción de Argentina desde el cierre de Bajo de la Alumbrera. El éxito legislativo del proyecto, dadas su dimensión y los plazos de construcción, significa un punto de inflexión para el sector minero argentino, un proveedor clave del metal estratégico para la transición energética global.
Este avance político ocurre inmediatamente después de una clara victoria electoral del oficialismo. La derrota de los principales referentes anti mineros, incluso en bastiones históricos como Uspallata, otorgó al Poder Ejecutivo el capital político necesario para impulsar el debate legislativo con fuerza y legitimidad social.
MDMO y la estrategia de la exploración masiva
La estrategia no se detiene en PSJ, pero es clave, porque toda la estructura de desarrollo minero de la administración de Alfredo Cornejo depende de una señal potente, como la aprobación de la producción de cobre en Mendoza. Pero el impulso es integral y se proyecta en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO II). MDMO representa la apuesta exploratoria masiva de Mendoza para recuperar el tiempo perdido y construir una cartera de proyectos de cobre de gran volumen.
El distrito ya cuenta con 34 proyectos aprobados y proyecta alcanzar 65 a fin de año, con la meta de superar los 130 para mediados de 2026. Este ritmo acelerado de exploración es la señal definitiva de que la provincia aspira a convertirse en un polo de desarrollo cuprífero, poniendo a disposición de los inversores una cantidad robusta de oportunidades.
En conclusión, el reciente movimiento legislativo es más que una aprobación; es un ajuste de cuentas político-económico que dota a Mendoza de una certeza regulatoria condicional y la sitúa en el umbral de una nueva era minera que tendrá repercusiones directas en la matriz productiva y exportadora de Argentina.
La siguiente batalla: discutir la vigencia de la 7.722
A pesar del inminente avance de PSJ, que representa la luz verde para una inversión productiva, la Ley 7.722 sigue siendo el eje de una discusión pendiente y reiteradamente mencionada en el recinto legislativo este miércoles. Desde el Ejecutivo provincial, la apuesta es estratégica: permitir que el mismo tiempo y el desarrollo efectivo de la minería marquen la pauta. Es la actividad en marcha la que, con sus necesidades y resultados, definirá el momento político óptimo para poner sobre la mesa la discusión de una ley que, aun con el hito de PSJ, mantiene su plena vigencia.
En conclusión, el reciente movimiento legislativo es más que una aprobación; es un ajuste de cuentas político-económico que dota a Mendoza de una herramienta que no tenía y la sitúa en el umbral de una nueva era minera que tendrá repercusiones directas en la matriz productiva y exportadora de Argentina.
