El gobernador Alfredo Cornejo expuso ante inversores estadounidenses con la vía legislativa de las aprobaciones ambientales como uno de los ejes de su presentación.
Por Panorama Minero
Alfredo Cornejo expuso en el “US-Argentina Forum on Critical Minerals”, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde presentó como uno de los pilares del giro minero de Mendoza las aprobaciones ambientales otorgadas por ley.
Durante su participación en el panel “Conversación con Gobernadores”, estructuró la presentación provincial en dos planos. Por un lado, las condiciones de negocio: “baja presión impositiva, un buen clima de negocios, recursos humanos calificados y seguridad jurídica”. Por otro, la dimensión logística, apoyada en la salida hacia los puertos del Pacífico.
Sobre el marco regulatorio distinguió dos niveles. En el plano provincial, destacó las aprobaciones ambientales sancionadas por ley con “mayorías muy amplias”. En el ámbito nacional, puso el foco en el RIGI, al que atribuyó “previsibilidad y garantías para desarrollar proyectos de largo plazo”. En ese contexto, advirtió que “existe una ventana de oportunidades que la Argentina no puede perder”.
El andamiaje que respalda el balance
Entre los instrumentos que respaldan ese giro, mencionó la modificación del Código de Procedimientos Mineros y la vía legislativa aplicada a los permisos, “aprobando por ley, dándole seguridad jurídica a muchos proyectos de exploración y a un proyecto de explotación de cobre”.
Ese proyecto es PSJ Cobre Mendocino, desarrollado sobre un yacimiento con 50 años de exploración, según recordó durante su exposición.
Otro de los elementos que acompañan este proceso es el ingreso de PSJ al RIGI, aprobado el 14 de mayo de 2026 sobre US$613.430.234 en activos computables, dentro de una inversión total informada de US$891 millones. El cronograma comprometido establece el inicio de la construcción en junio de 2027.
Licencia social: la definición que llevó al sector
Cornejo describió la resistencia que aún persiste frente a la actividad como “muy ideológica, muy concentrada en mitos que no están fundados científicamente” y, al mismo tiempo, “muy organizada y muy insistente”, una realidad con la que, sostuvo, es necesario convivir.
Sobre esa base, cuestionó el propio concepto de licencia social: “Ese concepto de licencia social creo que hay que explicarlo muy bien, porque ¿qué es licencia social? ¿La mitad más uno de los mendocinos?”.
Su planteo desplazó el eje desde la búsqueda de consensos absolutos hacia el respaldo mayoritario. “La mayoría silenciosa no está organizada, pero la mayoría silenciosa está diciendo, y por eso hay que liderarla y ese es el papel de la política”, afirmó.
Definió esta etapa como “una batalla permanente que no es en contra de nadie sino es a favor de que crezca la economía”, aunque reconoció que todavía quedan “girones de esa batalla cultural”.
Entre los factores que contribuyeron al cambio de clima incorporó dos elementos externos a su gestión: el acompañamiento de la dirigencia empresaria vinculada al sector agrícola, que anteriormente “se resistía” y ahora “empieza a apoyarlo, empieza a comprender”, y el “cambio de viento ideológico en la Argentina a partir del triunfo” de Javier Milei.
La minería dentro de la matriz productiva
El argumento económico parte de una definición sobre los límites de la estructura productiva actual: “El motor de la economía solo con el campo no se puede vivir, solo con la pampa húmeda”.
En ese esquema, ubicó al petróleo no convencional como uno de los actuales generadores de divisas y a la minería como otro potencial motor de la economía, al tiempo que sostuvo que las actividades tradicionales de Mendoza “deben complementarse con otras”.
También incorporó la energía dentro de esta estrategia. “Hemos vuelto a ser una provincia productora de energías, entre ellas de energías limpias, asociadas a la producción futura de la minería, como la solar”, señaló.
Infraestructura: el reparto de costos que propone
En materia de infraestructura, planteó una diferenciación entre aquellas obras de uso público o vinculadas al desarrollo urbano, donde puede existir participación estatal, y la infraestructura directamente asociada con el desarrollo de los proyectos.
Para las obras viales y ferroviarias reclamó un aporte inicial de la Nación “para que, con inversión privada, quizás como en otros países, al principio con un cheque estatal (...) arranquen algunos proyectos que son imprescindibles para el traslado de los minerales”.
Como ejemplo recurrió a la infraestructura eléctrica: “La línea eléctrica en la parte semiurbana la estamos financiando la provincia, pero el resto de esa línea, que incluso podría energizar a proyectos de San Juan por el norte de la provincia de Mendoza, está invirtiendo la propia empresa”.
Del lado provincial, la obra en curso es la Estación Transformadora Mendoza Norte 220/132 kV, cuya apertura de sobres se realizó el 26 de junio de 2026 con cinco ofertas presentadas, un presupuesto oficial de US$48.657.769 y un plazo de ejecución de 24 meses.
