PSJ Cobre Mendocino se convirtió en el proyecto que validó, en los hechos, la nueva política minera provincial, al avanzar dentro de las restricciones de la Ley 7.722. Una historia que arrancó en enero de 2025 y en diciembre coronó con un aval político que permite un avance inédito.
Por Panorama Minero
El 10 de enero de 2025 no fue un día más para la minería mendocina. Esa mañana, la nueva sociedad a cargo de PSJ Cobre Mendocino, integrada por Zonda Metals y Alberdi Energy, ingresó formalmente ante la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza la adecuación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto ubicado en el distrito de Uspallata. El gesto fue técnico en la forma, pero con un alcance mucho mayor: por primera vez en años, un proyecto de cobre avanzaba aceptando de manera explícita las restricciones de la Ley 7.722 y buscando su desarrollo dentro de ese marco.
La decisión implicó resignar parte del potencial original del yacimiento. El proyecto histórico -que contemplaba la producción tanto de cátodos como de concentrado de cobre- quedó definitivamente descartado. En su lugar, PSJ optó por una reformulación integral: concentrar el esquema productivo exclusivamente en la obtención de concentrado y declarar el mineral oxidado como estéril, eliminando cualquier proceso que pudiera entrar en conflicto con la normativa vigente. No fue una corrección menor ni un ajuste cosmético; fue un rediseño estructural del modelo de negocio y del perfil técnico del emprendimiento.
Desde el punto de vista estrictamente minero, la adecuación significó aceptar una menor captura de valor y una reducción del abanico productivo. Desde el punto de vista institucional, en cambio, representó algo más profundo: la validación de una estrategia que el Gobierno de Mendoza venía insinuando, pero que hasta entonces no había logrado materializar con hechos concretos. PSJ se convirtió así en el proyecto que permitió pasar del discurso al expediente, del planteo político a la ingeniería regulatoria.
La Ley 7.722 como límite y como punto de partida
Durante más de una década, la Ley 7.722 operó en Mendoza como una barrera infranqueable para la minería metalífera. En muchos casos, funcionó como argumento para el bloqueo total de proyectos. Lo que hizo PSJ fue distinto: no buscó reabrir el debate legislativo ni forzar una reinterpretación judicial de la norma, sino trabajar dentro de sus límites, aun cuando eso implicara dejar en el camino parte del valor económico del yacimiento.
Esa decisión no fue aislada ni ingenua. Respondió a una lectura política precisa del momento que atravesaba la provincia y de la correlación de fuerzas existente. Intentar reponer el proyecto original hubiera significado abrir un conflicto institucional de alta intensidad, con resultados inciertos y plazos incompatibles con la urgencia estratégica que impone hoy el mercado global del cobre. La adecuación, en cambio, permitió destrabar el único proyecto cuprífero con estudios avanzados, reservas conocidas y localización confirmada en Mendoza.
En ese sentido, PSJ no solo avanzó como proyecto minero: se transformó en la pieza clave de una estrategia más amplia del Ejecutivo provincial para demostrar que la minería era posible en Mendoza sin modificar -al menos en esta etapa- el marco legal vigente.
PSJ como proyecto de validación
La figura del gobernador Alfredo Cornejo aparece inevitablemente asociada a este proceso. No porque el proyecto haya sido impulsado desde el Estado, sino porque su avance funcionó como respaldo práctico a una política minera que necesitaba resultados visibles. Durante años, Mendoza fue señalada como una provincia antiminera, no solo por su legislación, sino por la incapacidad de convertir potencial geológico en actividad productiva.
En apenas doce meses, ese rótulo empezó a resquebrajarse. Con PSJ avanzando en su tramitación ambiental, obteniendo avales técnicos, aprobación legislativa y resistiendo una judicialización posterior, la provincia pasó de ser un caso de parálisis a convertirse en un ejemplo de reactivación. No se trató de una apertura generalizada ni de un giro abrupto, sino de un movimiento táctico: consolidar lo conocido, avanzar con lo existente y ganar tiempo mientras otros proyectos -como los del Malargüe Distrito Minero Occidental- transitan sus etapas exploratorias iniciales.
De provincia bloqueada a jugador del cobre
A un año de aquel 10 de enero, el balance es contundente. PSJ logró lo que durante décadas parecía imposible: instalar nuevamente a Mendoza en la conversación nacional sobre el cobre. No como una promesa futura, sino como un proyecto concreto, con expediente, con ingeniería, con controles ambientales y con una hoja de ruta definida.
El contraste es evidente. En 2024, Mendoza era señalada como un territorio vedado para la minería metalífera. En 2026, aparece mencionada como una de las jurisdicciones argentinas con un proyecto de cobre en condiciones de avanzar hacia el desarrollo en el corto plazo, en un contexto internacional marcado por la urgencia de nuevos suministros para la transición energética.
