La licitación para concesionar el denominado Tramo Cuyo de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones continúa con cuatro grupos empresarios en competencia. El proceso comprende 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7 en Mendoza, distribuidos entre un tramo de 146 kilómetros desde Desaguadero hasta la Variante Palmira y otro de 182 kilómetros entre el empalme de las rutas nacionales 7 y 40, en Agrelo, y el límite internacional con Chile.
Por Panorama Minero
La concesión forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un programa mediante el cual el Gobierno nacional busca transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y las inversiones sobre más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales. En el caso del Tramo Cuyo, la inversión prevista ronda los US$300 millones bajo un esquema de concesión privada con recupero mediante peajes.
Las propuestas que permanecen en carrera corresponden a las uniones transitorias Cartellone–Constructora San José, Laugero–Green–Corporación del Sur, CPC S.A. (Grupo Indalo) e IEB Construcciones–Trading MRG. La empresa mendocina Ceosa, que había realizado estudios preliminares sobre el estado del corredor para evaluar una eventual oferta, decidió retirarse antes de la presentación definitiva de propuestas. La adjudicataria tendrá a su cargo la operación, el mantenimiento, la rehabilitación y la explotación del corredor durante un plazo mínimo de 20 años.
Un corredor bajo evaluación para la logística minera
La Ruta Nacional 7 constituye la principal conexión terrestre entre Mendoza y el Sistema Integrado Cristo Redentor y vincula el centro del país con los puertos del océano Pacífico. En ese corredor se apoyan algunas de las alternativas logísticas que actualmente evalúan proyectos cupríferos para una futura salida de producción hacia los mercados internacionales.
Uno de esos casos es PSJ Cobre Mendocino. La compañía mantiene abierta la evaluación entre una salida por puertos del Pacífico y otra por el Atlántico argentino mientras completa su estudio de factibilidad. El proyecto ya cuenta con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevé iniciar su construcción en 2027 y comenzar la producción en 2029. Su diseño contempla una producción promedio de 40.000 toneladas anuales de cobre fino contenido en concentrado durante los primeros 16 años de operación, con potencial para incrementarse hasta un rango de 60.000 a 70.000 toneladas anuales.
Qué comprende la concesión
El esquema licitatorio establece una concesión de al menos 20 años que no contempla aportes del Estado nacional. El adjudicatario deberá financiar las inversiones previstas y recuperar ese desembolso mediante el cobro de peajes durante el período de explotación del corredor.
Durante el primer año de contrato se prevén trabajos de puesta en valor, que incluyen bacheo, reparación de sectores deformados y tareas generales de mantenimiento. Las etapas posteriores contemplan reconstrucción y repavimentación de distintos sectores, sin modificaciones sobre la traza actual. El contrato también incorpora la prestación de servicios al usuario durante toda la concesión.
El proyecto incorpora además nuevas estaciones de peaje. A las cabinas actualmente ubicadas en La Paz y Las Cuevas se sumarían otras en la Variante Palmira y en el sector de Potrerillos o Uspallata. Los pliegos también contemplan la incorporación de sistemas automáticos de cobro y modalidad Free Flow para el pago electrónico de peajes una vez habilitadas las nuevas estaciones.
Un corredor que todavía espera una definición logística
La Ruta Nacional 7 se incorporó en los últimos meses a la agenda de infraestructura de la minería luego de que distintos proyectos comenzarán a evaluar alternativas para la futura exportación de concentrados de cobre. Entre ellos se encuentra PSJ Cobre Mendocino, que mantiene bajo análisis una salida por los puertos del Pacífico y otra por el Atlántico mientras avanza con su estudio de factibilidad.
La posibilidad de utilizar el corredor hacia Chile responde a la proximidad con los puertos del Pacífico y a la infraestructura ya existente para el tránsito internacional de cargas. Sin embargo, la definición final dependerá de variables técnicas, económicas y operativas que cada proyecto deberá resolver antes del inicio de la producción.
La evolución de la Ruta Nacional 7 también es seguida por otras iniciativas cupríferas que avanzan en Mendoza y San Juan. Si bien ninguna de ellas definió todavía su esquema logístico de exportación, la infraestructura disponible forma parte de los estudios que acompañan el desarrollo de los proyectos desde las etapas de factibilidad e ingeniería hasta la planificación de las futuras cadenas de suministro.
