La Dirección de Minería de Mendoza puso en marcha un Padrón Provisorio de Productores Ladrilleros de alcance provincial y capacitó a más de 40 productores de El Algarrobal sobre los trámites para regularizar su actividad. La medida lleva el reordenamiento minero de la provincia a su extremo más artesanal. La autoridad, busca ahora precisar dónde y en qué condiciones trabajan los hornos, muchos de ellos familiares.
Por Panorama Minero
El padrón es exclusivamente informativo y la inscripción no reemplaza los trámites de regularización legal y ambiental. Su función es aportar una base para las etapas siguientes de un proceso que la Provincia desarrolla desde 2025.
La iniciativa surgió a solicitud de los propios productores y funciona mediante un formulario digital. Debe completarse uno por cada inmueble o terreno con actividad, sin importar cuántos productores trabajen en él. Ese criterio ordena el relevamiento en torno al lugar de producción.
La jornada de El Algarrobal se concentró en el Informe de Partida y en los requisitos para tramitarlo. Javier Frías, coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, sostuvo que estos encuentros permiten “escuchar las necesidades del sector”. Carmen Biedma, referente del área técnica ambiental, señaló que es “fundamental que los productores conozcan los procedimientos”.
La inclusión de los ladrilleros en esa agenda responde a su encuadre minero, que los ubica dentro del mismo sistema que a los grandes proyectos, aunque con otra escala y otras herramientas de gestión.
Una misma autoridad para dos escalas
Las ladrilleras se encuadran como minas de tercera categoría, y sus plantas activas también quedan alcanzadas por el régimen. La Resolución 450/2025 ya había tipificado a las industrias ladrilleras, cementeras y hormigoneras como plantas de tratamiento de minerales. La particularidad del sector es que reúne en un mismo predio la extracción de arcilla, el moldeo, el secado y la cocción.
Mendoza registra más de 500 operaciones vinculadas a minerales de tercera categoría, entre áridos, arcillas, calizas y yesos, muchas de ellas familiares o de pequeña escala. Esa dispersión contrasta con la minería metalífera, cuyo control se concentra en proyectos puntuales y muy estructurados. El IIA de PSJ prevé 157,261 Mt de mineral y 16 años de vida útil. El formulario ladrillero, en cambio, pregunta si la arcilla se extrae a mano o con retroexcavadora.
La distancia de escala explica por qué la Provincia optó por un instrumento propio para el sector, resultado de un trabajo territorial que antecedió a la norma.
Del relevamiento a la norma
El proceso comenzó en octubre de 2025 con una reunión multisectorial sobre los pequeños productores, y tuvo continuidad en enero de 2026 con una mesa junto a la Municipalidad de Las Heras, productores y vecinos. En marzo, la Autoridad Ambiental Minera realizó un relevamiento en Jocolí, Lavalle. En junio, un taller en El Algarrobal reunió a más de 50 productores.
En agosto, las Resoluciones 540/26 de Minería y 55/26 de Gestión y Fiscalización Ambiental incorporaron un Anexo III específico al Informe de Partida. La norma reconoce rasgos propios del sector, como la informalidad, la producción artesanal y la falta de asistencia técnica profesional. En septiembre, la mesa minera del ProNaPre incluyó las prácticas de trabajo en minas de tercera categoría entre sus tres ejes prioritarios.
El padrón se suma a esa secuencia como una herramienta de diagnóstico provincial, justo cuando las exigencias específicas ya están definidas.
El Algarrobal, primera prueba del esquema
El Algarrobal concentra la mayor cantidad de establecimientos ladrilleros de la provincia, y allí la producción es principalmente artesanal, con uso intensivo de mano de obra, escasa mecanización y carácter informal. Un diagnóstico territorial de la Universidad Maza, de 2015, ya describía en el distrito ladrilleras en actividad y abandonadas, y atribuía parte de la inacción estatal a la superposición de competencias entre organismos.
Sobre ese punto de partida, el Anexo III pide georreferenciar cada sector del predio, identificar combustibles y viviendas cercanas, evaluar las emisiones de la cocción y presentar un Plan de Remediación con presupuesto, declaración jurada y un plazo máximo de seis meses desde su aprobación, salvo excepción justificada. Para una unidad familiar sin asistencia técnica, esas exigencias suponen un salto importante, y allí se medirá el acompañamiento que la Provincia promete al sector.
El sistema que la Provincia construye para evaluar proyectos de cobre de escala global también debe alcanzar a los hornos que producen ladrillos para la construcción local, con reglas proporcionadas a cada escala y una capacidad de control sostenida en el territorio.



