La Legislatura de Mendoza ratificó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Cobre San Romeleo, en Malargüe. Con ese paso, la Resolución Conjunta N° 600/26 de la Dirección de Minería y N° 74/26 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, del 18 de septiembre de 2026, queda configurada como autorización ambiental definitiva para la etapa de explotación. Sus 70 artículos de cumplimiento obligatorio ordenan lo que sigue: buena parte de las exigencias debe cumplirse antes de que la empresa ingrese al sitio.
Por Panorama Minero
El titular del proyecto es LABSA S.A. y la operadora es Arex Mining S.A. La empresa prevé procesar 40 t/día de mineral para obtener óxido de cobre, insumo para fabricar sulfato de cobre y oxicloruro de cobre. Se trata de fungicidas de uso agrícola que incluyen formulaciones autorizadas para cultivos orgánicos, como el caldo bordelés. El destino previsto es la agricultura en general y la vitivinicultura en particular.
Un yacimiento de óxidos con tratamiento amoniacal
San Romeleo se ubica en el Puesto Agua de Isaac, en la quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas. Está a unos 160 km al sur de la ciudad de Malargüe y a una altitud media de 1.700 msnm. La propiedad minera se solicitó en 1942 y registró explotación en 1967. El proyecto plantea su reactivación como mina, con una planta de beneficio de pequeña escala.
Las reservas estimadas por Maurici (1971) suman 257.000 toneladas con una ley media de 1,29% cobre, alojadas en areniscas de la Formación Diamante (Cretácico Superior). Los minerales principales son calcantita, malaquita, azurita, brocantita y calcosina, con escasa presencia de sulfuros. El horizonte de explotación es de 20 años, con un CAPEX actualizado de US$3 millones y un OPEX de US$837.000 anuales.
La extracción será a cielo abierto por banqueo, con bancos de 2 a 4 m y voladuras de alrededor de 1.000 toneladas con frecuencia mensual. El beneficio se basa en lixiviación amoniacal con carbonato de amonio en cuatro reactores cerrados. La solución rica pasa por descomposición térmica, que precipita el óxido de cobre. El amoníaco y el CO₂ se recirculan para regenerar la solución en circuito cerrado. El producto se envasará en tambores de 200 litros.
Ese esquema de proceso es el que la DIA obliga ahora a llevar al nivel de ingeniería antes de habilitar la construcción.
Las condiciones previas a cualquier actividad
Antes de iniciar cualquier tarea, la empresa debe presentar una Línea de Base Ambiental actualizada. Tiene que incluir un protocolo de rescate y relocalización de fauna menor y un plan de tránsito amigable con la fauna. También debe constituir un seguro ambiental, caución, fianza bancaria o fondo de reparación en los términos del artículo 22 de la Ley 25.675. Esa garantía se acredita en el expediente cinco días antes del ingreso al sitio.
A esas obligaciones se suman tres planes sujetos a aprobación de la Autoridad Ambiental Minera. El Plan de Monitoreo Ambiental cubre agua, suelo, aire, flora y fauna. El Plan de Monitoreo Social se ajusta a la Resolución N° 192/2024 de la Dirección de Minería. El tercero es un Plan de Contingencias. La DIA incorpora además como obligatorias las recomendaciones del Informe Final Único de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), emitido el 17 de septiembre de 2026.
Agua e ingeniería antes de la obra
El agua provendrá de una perforación existente en la propiedad minera. La DIA exige tramitar ante el Departamento General de Irrigación (DGI) el permiso de uso con el volumen previsto. La perforación debe sumar medición de caudal y de niveles estáticos, y un punto de toma de muestras. La Municipalidad de Malargüe pidió analizar la conexión entre la perforación y la vertiente del puesto, para asegurar la disponibilidad y la calidad del agua de los pobladores.
En lo técnico, la resolución pide el diseño de la pileta de mineral agotado, del dique de colas y de las escombreras, con su análisis de riesgo. Requiere también el P**&ID del sistema de transporte de fluidos,** el balance de agua por equipo, la descripción del sistema de dosificación de reactivos y la identificación de todas las corrientes de proceso y de desecho. Completan la lista los estudios de potencial de lixiviación y movilidad de metales, un informe sobre el comportamiento de los finos ante lluvia o nieve y un estudio de ruido y calidad del aire. Por último, exige georreferenciar los antiguos laboreos y presentar el Plan de Cierre de mina.
Seis meses de construcción hasta la puesta en marcha
Cumplido ese paquete, el cronograma de la empresa estima seis meses desde la obtención de los permisos hasta el pleno funcionamiento. Ese plazo cubre la rehabilitación de caminos y cantera, la construcción de la planta y la puesta en marcha.
La obra contempla reacondicionar 1.800 m de huella minera existente y abrir entre 500 y 700 m de camino nuevo. Suma un campamento prefabricado para 10 personas, un galpón de taller y depósito, y una planta sobre estructura metálica en terrazas. El depósito de mineral agotado ocupará unos 2.000 m² en la cabecera de una quebrada, con geotextil de 500 micrones y represa de retención de lixiviados. La superficie alterada ronda una hectárea.
Durante la obra, la DIA exige ensayos de hermeticidad y contención secundaria en equipos y cañerías de soluciones. También pide controles de calidad de la impermeabilización, manejo de escorrentías y sedimentos, y monitoreos de agua superficial, agua subterránea y aire en puntos autorizados.
Operación, cierre y actualización bienal
En operación, el proyecto generará entre 7 y 9 empleos directos. Si utiliza explosivos, debe cumplir la normativa de la ANMaC. Debe mantener aprobados ante el DGI los planes de efluentes industriales y cloacales, y respetar la Ordenanza N° 2.377/2026 de Malargüe sobre contaminación lumínica. Para el cierre se exige un proyecto de clausura técnica de todas las instalaciones y un monitoreo post cierre de al menos cinco años, con garantías financieras.
La DIA deberá actualizarse como máximo cada dos años. El plazo se cuenta desde la publicación en el Boletín Oficial de la ley ratificatoria.
Con el aval legislativo, San Romeleo cierra un expediente que tramita desde 2008. Entra en una etapa en la que el calendario depende de que se aprueben la ingeniería, los estudios y los permisos que la DIA ubicó antes de la obra. Cuando esa instancia se complete, corren los seis meses que la empresa estima para empezar a producir el óxido de cobre destinado a los fungicidas de la vitivinicultura.
