Durante años, Hierro Indio en el departamento de Malargüe fue presentado como uno de los proyectos emblema del debate minero mendocino. No por su tamaño geológico, sino por su significado político: fue el primer emprendimiento metalífero que logró obtener aval legislativo para su etapa de exploración bajo el régimen vigente de la Ley 7.722. Hoy, con la presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) para su etapa de explotación, el proyecto vuelve a escena, aunque lo hace en una escala operativa más acotada que comienza a generar interrogantes dentro del propio sector.
Por Panorama Minero
El documento técnico describe una explotación de hierro de dimensiones acotadas, con características más cercanas a una cantera industrial que a una operación metalífera tradicional. El plan minero contempla la explotación a cielo abierto de dos canteras mediante un esquema operativo simple que incluye perforación, voladura, carguío, acarreo, trituración y clasificación del mineral para su despacho directo al cliente.
El proyecto no prevé procesamiento metalúrgico, ni concentración del mineral, ni utilización de reactivos químicos. La producción planificada alcanza un máximo de 80.000 toneladas anuales de material triturado, con una vida útil estimada de diez años.
En términos de inversión, el informe estima que el desarrollo requerirá alrededor de US$3 millones para su puesta en marcha. La estrategia de capital contempla además una operación inicial con equipos alquilados durante los primeros 24 meses -incluyendo planta móvil de trituración y flota minera- con el objetivo de reducir la inversión inicial y limitar el riesgo financiero.
Un proyecto que nació como símbolo político
Para comprender el momento actual del proyecto es necesario retroceder algunos años. Hierro Indio adquirió notoriedad en 2019 cuando la Legislatura de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para su etapa de exploración. En el contexto del debate minero provincial, ese aval político tuvo un peso considerable: era la primera vez que un proyecto metalífero atravesaba el proceso institucional requerido por la Ley 7.722.
En aquel momento el gobierno provincial impulsó el proyecto como un caso testigo para demostrar que la minería metalífera podía avanzar dentro del marco regulatorio mendocino. Sin embargo, tras obtener la aprobación política, el proyecto quedó prácticamente detenido por la falta de financiamiento para ejecutar campañas exploratorias.
La reactivación llegó a partir del acuerdo con la empresa estatal Potasio Río Colorado, proceso que posteriormente derivó en la creación de Impulsa Mendoza Sostenible S.A. En ese contexto, el Estado provincial decidió acompañar el proyecto con una inyección de recursos destinada a financiar la exploración geológica.
La inversión pública destinada a esa etapa se ubicó en torno a US$1 millón, recursos con los que se realizaron campañas de perforación, estudios geológicos y trabajos técnicos para evaluar el potencial del yacimiento.
En medio de todo, se generó un conflicto entre los accionistas que derivó en la salida del impulsor y dueño del proyecto, Guillermo Re Kühl. Hoy, de acuerdo con la información incluida en el Informe de Impacto Ambiental, el directorio de Hierro Indio S.A. está integrado por Rafael Dahl (presidente), Santiago Fernández Herrero por Impulsa Mendoza (vicepresidente), Ezequiel Yusin y Andrés Berengua como directores de la compañía.
La relación inversión-escala
El nuevo informe ambiental permite observar con mayor claridad la escala en la que se plantea desarrollar el proyecto. Si el desarrollo de la mina requiere aproximadamente US$3 millones de inversión total y el Estado provincial ya destinó cerca de US$1 millón a la etapa de exploración, el gasto exploratorio financiado con fondos públicos representa más del 30% del capital necesario para poner en marcha la operación.
Además, los trabajos que se hicieron y que el Estado destacó de manera permanente, apuntaban a una explotación de otra escala.
En minería, la exploración suele representar una fracción significativamente menor del capital total requerido para desarrollar una mina, por lo que la relación entre exploración y CAPEX que surge en el caso de Hierro Indio resulta al menos llamativa desde el punto de vista económico.
La escala operativa también refuerza esa percepción. Con una producción anual de 80.000 toneladas, el proyecto se ubica dentro de los parámetros de pequeña minería. Para ponerlo en contexto, muchas operaciones de hierro de escala media a nivel internacional producen entre uno y cinco millones de toneladas anuales.
En el caso mendocino, la operación se plantea como una cantera de magnetita destinada a abastecer principalmente mercados industriales específicos, entre ellos la industria cementera.
El rol de Impulsa Mendoza en la próxima etapa
En este escenario surge un interrogante central respecto al rol de Impulsa Mendoza en la etapa de desarrollo del proyecto. La empresa estatal figura como accionista de la iniciativa a partir del acuerdo alcanzado con Hierro Indio S.A., pero el Informe de Impacto Ambiental no detalla el esquema societario ni la distribución del capital prevista para la etapa de explotación.
La pregunta que comienza a instalarse es si Impulsa participará también en la inversión requerida para la fase productiva o si su aporte se limitará a los recursos ya destinados a la etapa exploratoria.
Hierro Indio mantuvo un valor institucional particular dentro del desarrollo minero mendocino. Sin embargo, su evolución hacia una operación de escala acotada abre ahora una nueva etapa de preguntas sobre el rol del Estado y las expectativas que acompañaron al proyecto desde sus primeros pasos.
