El diálogo con PANORAMA MINERO, Gilly destacó tres ejes centrales: previsibilidad normativa, con el RIGI como herramienta clave, competitividad fiscal frente a otras jurisdicciones y la necesidad de acelerar inversiones en infraestructura crítica, especialmente energía, rutas y conectividad en la Puna. Para Gilly, la articulación público-privada y la coordinación entre Nación, Provincia y municipios serán determinantes para sostener el ciclo inversor en un sector estructuralmente de largo plazo y alta exposición a variables internacionales.
Por Panorama Minero
¿En qué momento se encuentra hoy la minería en Salta y cómo describiría el rol que cumple?
La minería en Salta se encuentra en una etapa de franco posicionamiento. Hoy la sociedad salteña entiende que se trata de una actividad productiva real, estratégica y sustentable, capaz de generar empleo formal, dinamizar economías regionales y transformar comunidades. Su rol es clave, ya que provee minerales fundamentales para la transición energética, la electromovilidad y la industria tecnológica, como litio, cobre, oro y plata, pero también es una fuente concreta de trabajo, desarrollo de proveedores y generación de infraestructura en las zonas que operan las empresas.
Ahora bien, la minería tiene una naturaleza cíclica. No es una actividad lineal, por lo que atraviesa etapas de expansión y de retracción vinculadas a variables internacionales. Por eso hablamos de un proceso de crecimiento sostenido, aunque con altibajos propios del sector. Toda esta actividad debe desarrollarse bajo estándares ambientales rigurosos. La minería moderna no puede pensarse sin monitoreo, tecnología y compromiso con el cuidado del ambiente y de las comunidades.
¿Después de un año marcado por la complejidad macroeconómica, qué expectativas tienen para este 2026?
Las expectativas están fuertemente condicionadas por variables externas que no dependen de nuestro país. Sin embargo, somos moderadamente optimistas, pensando en la administración que debemos hacer de las expectativas. Vemos una mejora en el precio del litio, el oro se mantiene en niveles elevados y el cobre y la plata muestran buenas perspectivas. Eso genera señales positivas. Al mismo tiempo, seguimos en un contexto macroeconómico volátil, y la concreción de los proyectos depende tanto del entorno general como de decisiones particulares de cada empresa.
En Salta esperamos la consolidación de proyectos en operación como Mansfield, POSCO, Eramine y Ganfeng. Además, Mansfield avanza con nueva exploración en Arizaro, Rio Tinto continúa con la construcción de Rincón; y tenemos expectativas en proyectos como Diablillos de AbraSilver y PPG de Ganfeng en el mediano plazo.
¿Cuáles diría que son los factores diferenciales que explican el posicionamiento de Salta como una de las provincias más atractivas para la inversión?
Salta combina recursos geológicos de calidad mundial con un capital humano altamente profesionalizado. Existe un ecosistema de proveedores que creció en sofisticación, capacidad técnica y estándares de calidad. Ese crecimiento no fue casual y responde a una fuerte vocación emprendedora local.
Además, el Gobierno provincial adoptó como política pública el acompañamiento al desarrollo minero, entendiendo su impacto en la matriz productiva. Esa combinación entre recursos, capital humano, proveedores competitivos y acompañamiento institucional explica el posicionamiento de la provincia.
¿Qué prioridades se ha planteado la Cámara de la Minería de Salta en un contexto de expansión de inversiones?
La Cámara tiene prioridades claras orientadas a consolidar un desarrollo sostenido y responsable de la actividad. En primer lugar**, es fundamental avanzar en infraestructura estratégica, especialmente en materia energética, vial y de conectividad**, condiciones básicas para garantizar competitividad y seguridad operativa. También trabajamos para que los permisos se otorguen en plazos razonables, brindando previsibilidad a los inversores al momento de tomar decisiones de largo plazo. Y sostenemos la importancia de mantener tasas competitivas frente a otras provincias y países, ya que la carga fiscal incide directamente en la elección del lugar para iniciar un proyecto minero.
Otro eje central es fortalecer la articulación público-privada de manera permanente, promoviendo espacios de diálogo y coordinación que permitan anticipar desafíos y construir soluciones conjuntas para la minería y los temas capitales que lo rodean: infraestructura de caminos y energética, capacitaciones. En esa línea, impulsamos instancias de capacitación alineadas con las necesidades reales del sector y estamos trabajando fuerte para promover en ámbitos escolares la difusión de una minería moderna, responsable y ambientalmente comprometida.
Nuestro rol es facilitar, articular y comunicar. Es clave visibilizar lo que la actividad genera en términos de empleo, desarrollo y provisión de minerales estratégicos, pero también mantener expectativas realistas, ya que como dije antes, la minería está sujeta a variables internacionales y su evolución no es lineal, sino cíclica.
¿Cómo ha evolucionado la relación entre el sector privado y el Estado provincial?
La relación ha madurado de manera positiva. Existe mayor comprensión del aporte real de la minería a la economía provincial y hemos visto avances concretos en la agilización de permisos y en espacios de diálogo institucional.
Es una relación virtuosa y muy necesaria, basada en el trabajo conjunto para potenciar la actividad dentro del marco legal y ambiental vigente.
Además, tenemos permanentes espacios de mesas de trabajo, en donde tanto empresas mineras como Secretaría de Minería, exponemos desafíos para trabajar conjuntamente. Hay muchísima apertura de uno y otro lado.
¿Qué nivel de previsibilidad necesitan hoy las empresas para avanzar con decisiones de inversión de largo plazo?
Las decisiones mineras son de altísimo riesgo y largo plazo, por lo que requieren seguridad jurídica, estabilidad normativa y reglas claras. El RIGI representa un avance importante en ese sentido, ya que busca corregir la histórica inestabilidad argentina.
Hay que mencionar que el RIGI es una ventana de dos años que tenemos para entrar, y ese plazo es muy corto para muchas empresas mineras. En algunos proyectos cuesta tener la ingeniería en el detalle que se necesita para presentarse al RIGI, y sobre todo cumplir con las inversiones mínimas. Obviamente que celebramos que exista, pero creo que tenemos que pensar no solo en la extensión, que se publicó semanas pasadas, sino también en que se convierta en una regla, más que una excepción. Que los inversores sepan que este instrumento virtuoso que se generó y trajo tantos proyectos, pueda ser algo definitivo, que no sea una ventana de dos años para que después vuelva a haber inseguridad jurídica.
¿Qué impacto tiene la coordinación entre Nación, provincias y municipios en la competitividad real de los proyectos mineros?
Creo que es determinante. Cuando los tres niveles de gobierno están alineados en infraestructura, energía y políticas de largo plazo, se envía una señal clara al mercado. La minería necesita políticas de Estado, no políticas coyunturales. El generar espacios de coordinación institucional es fundamental para garantizar continuidad. Es necesario trabajar en la no implementación de impuestos o gravámenes locales que pueden resultar distorsivos. Es un asunto que debemos poner sobre la mesa.
¿Qué impacto está teniendo la minería en el entramado de proveedores locales y pymes salteñas?
El impacto ha sido ampliamente positivo. En estos últimos años se generaron nuevos proveedores, más oportunidades laborales y se trabajó mucho en procesos de capacitación. Muchas pymes apostaron fuerte, invirtieron en maquinaria y profesionalización, y aunque en este último año estuvieron trabajando al 50%, veo una gran vocación de emprender y adaptarse.
La naturaleza cíclica del sector generó momentos difíciles, pero esas situaciones mostraron todo el trabajo y el esfuerzo del ecosistema empresario salteño.
¿Qué falta para que más empresas locales puedan integrarse a la cadena de valor minera de manera sostenida?
Hay que profundizar el acompañamiento, especialmente en comunidades cercanas a la Puna. Las empresas mineras deben seguir explicando requisitos, estándares y procesos para que se entiendan y se practiquen. La formalización y la capacitación son claves para lograr integración sostenida.
Se ha avanzado mucho, pero debemos continuar fortaleciendo esa inclusión con responsabilidad y cumplimiento ambiental y técnico.
¿Existe margen para esquemas de inversión público-privada en infraestructura crítica para la minería? ¿En qué áreas ve mayores oportunidades?
De acuerdo a las conversaciones que venimos teniendo desde la CMS con distintos organismos privados y públicos, creo que existe un gran margen para esquemas de inversión público-privada en infraestructura. Lo veo como una gran oportunidad.
La Ley 8.174 permite que empresas participen en obras estratégicas con esquemas de compensación fiscal. Esto puede aplicarse a rutas, energía y servicios críticos para la Puna. La clave está en generar incentivos claros y mecanismos transparentes que permitan invertir sin aumentar la presión tributaria. Y veo que existe apertura tanto provincial como nacional para explorar estos esquemas.
En términos de conectividad y servicios, ¿qué desafíos persisten para mejorar las condiciones operativas en zonas de alta montaña?
La gran deuda es la conectividad por fibra óptica. Si bien existen soluciones satelitales que aparecieron en los últimos años, es necesario avanzar en infraestructura estructural. También es fundamental ampliar la cobertura 4G/LTE en rutas hacia la Puna.
La conectividad no es un lujo, para nosotros es seguridad operativa, control ambiental, eficiencia productiva y respuesta ante emergencias.
