El litio producido en salares sudamericanos presenta una ventaja ambiental frente al obtenido a partir de espodumeno, pero esa diferencia todavía enfrenta dificultades para convertirse en un atributo verificable y capturable comercialmente. Las nuevas exigencias europeas sobre huella de carbono, trazabilidad y diligencia debida ponen el foco sobre una brecha que ya no es solamente tecnológica: también es científica, institucional y contractual.
Por Serrana Verges*
Magíster en Blockchain y Web3, EBIS Business TechSchool, España. Fundadora de Woman in Blockchain Latam
Una ventaja real que el mercado no puede verificar
Una tonelada de carbonato de litio producida en las salinas de Jujuy mediante evaporación solar genera entre 2 y 4 toneladas de dióxido de carbono equivalente por tonelada de producto final. La misma tonelada producida a partir de roca de espodumeno procesada en hornos de tostación en China genera entre 15 y 20 toneladas (Skarn Associates, 2023). La diferencia de impacto ambiental entre ambos orígenes es de un orden de magnitud.
Sin embargo, ambas toneladas se comercializan como si fueran equivalentes. Quien produce bajo estándares ambientales más exigentes recibe el mismo precio que quien no lo hace. Esa homogeneización genera una pérdida estimada de entre US$600 millones y US$1.800 millones anuales en valor no capturado, calculada sobre la producción proyectada del noroeste argentino y un diferencial de prima ambiental de entre 8% y 22% sobre el precio de referencia en contratos bilaterales de minerales críticos con atributos verificados (Instituto para la Empresa Privada Internacional y Fundación Libertad, 2026; Servicio Geológico de los Estados Unidos, 2025).
La razón de esa brecha es técnica: hoy no existe una infraestructura de datos que permita demostrar, de forma independiente y sin posibilidad de modificación retroactiva, cuánta agua dulce consumió una tonelada específica, cuál fue su huella de carbono real y bajo qué condiciones socioambientales fue extraída. Sin esa demostración, la ventaja ambiental del litio de salar es una declaración, no una evidencia. Y la regulación europea está por convertir esa diferencia en una condición de acceso al mercado.
Qué exige Europa y a quién se lo exige
El Reglamento de Baterías de la Unión Europea (Reglamento 2023/1542) no obliga directamente al productor argentino de carbonato de litio. Su sujeto obligado es el fabricante de baterías que comercializa en territorio europeo. Pero ese fabricante necesita información de sus proveedores de materias primas para cumplir con dos obligaciones con fechas definidas.
La primera es el Pasaporte Digital de Producto, obligatorio desde el 18 de febrero de 2027 para baterías de vehículos eléctricos e industriales superiores a 2 kilovatios-hora (artículo 77, Reglamento 2023/1542). El pasaporte debe contener la huella de carbono del producto calculada conforme a la norma ISO 14067, expresada en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilovatio-hora de capacidad, e información sobre el origen de los materiales (artículo 7 y Anexo II). Esa huella incluye la extracción y el procesamiento de las materias primas, lo que exige datos primarios verificados del proveedor minero, no factores genéricos provenientes de bases de datos secundarias.
La segunda es la diligencia debida en la cadena de suministro, que cubre explícitamente al litio junto con el cobalto, el níquel y el grafito. Esta obligación fue postergada hasta el 18 de agosto de 2027 mediante el Reglamento 2025/1561. Las guías de implementación de la Comisión Europea se publicarán el 26 de julio de 2026. El Anexo X del Reglamento identifica como categorías de riesgo prioritarias para los salares sudamericanos la gestión hídrica de la cuenca, el balance entre la extracción de salmuera y la recarga de acuíferos, y el impacto sobre los humedales altoandinos.
La presión llega contractualmente antes que la norma: los principales fabricantes de vehículos eléctricos ya incluyen en sus acuerdos de suministro con proveedores de celdas cláusulas de trazabilidad que se trasladan hacia el proveedor de materias primas. El mecanismo no es necesariamente la exclusión del proveedor, sino el ajuste punitivo de precio cuando el paquete de datos auditados no está disponible o es rechazado.
Tres obstáculos que el debate sectorial subestima
El dato primario de los insumos es el eslabón más frágil. El artículo 7 del Reglamento exige datos primarios verificados bajo la norma ISO/IEC 17029 no solo de la planta de litio, sino de toda la cadena de insumos críticos. La producción de carbonato de litio mediante evaporación solar requiere grandes volúmenes de carbonato de sodio y cal, transportada desde San Juan en camiones. Si los proveedores fragmentados de esa cadena no pueden entregar datos primarios auditados, el organismo certificador europeo recurre automáticamente a factores de emisión secundarios provenientes de bases de datos genéricas, lo que invalida la etiqueta de dato primario que exige la norma. El certificado ambiental cae por el eslabón más débil de la cadena, no por el más controlado.
El lote en una planta de evaporación solar es una abstracción estadística. La salmuera proveniente de decenas de pozos, con gradientes variables de litio, magnesio y sulfatos, se mezcla en piletas de evaporación en cascada durante ciclos de 12 a 18 meses, con precipitación selectiva de sales, recirculación de licores y niveles de evaporación que varían según las condiciones climáticas diarias.
El carbonato de litio empaquetado en un momento determinado contiene litio extraído meses o incluso años antes, mezclado con aportes de distintos pozos y procesado con agua captada en diferentes temporadas. Atribuirle una huella de carbono e hídrica diferenciada en tiempo real requiere presentarla como una estimación probabilística, acotada por intervalos de incertidumbre declarados, y no como una medición directa por lote.
El balance hídrico enfrenta una disputa científica todavía no resuelta. El Reglamento europeo exige demostrar que la extracción de salmuera no afecta los acuíferos de agua dulce cercanos. El problema es doble.
Primero, los modelos disponibles para estudiar las aguas subterráneas de los salares tienen márgenes de incertidumbre de hasta 30%, mientras que los efectos reales sobre las lagunas y la vegetación de las vegas pueden tardar entre 5 y 20 años en manifestarse. Ningún dato correspondiente al año de producción puede, por sí solo, confirmar o descartar ese impacto.
Segundo, no existe acuerdo sobre qué se mide. Las empresas sostienen que la salmuera no es agua dulce y que su extracción no constituye consumo hídrico en términos convencionales. Los auditores europeos discrepan: clasifican esa extracción como depleción de un recurso hídrico confinado porque una reducción en la presión de la salmuera puede desplazar la frontera entre esta y los acuíferos de agua dulce adyacentes, con riesgo de salinización.
La estructura comercial limita quién puede capturar la prima
Las operaciones del noroeste argentino tienen, en muchos casos, como accionistas y principales compradores a grupos chinos de refinación. Cuando el carbonato de litio llega a una refinería que procesa material de distintos orígenes para abastecer tanto al mercado europeo como al asiático, la cadena de custodia del pasaporte digital original se interrumpe antes de llegar al fabricante europeo de baterías.
El costo de la infraestructura de trazabilidad recae sobre el productor argentino. Sin embargo, el beneficio económico de una eventual prima verde puede no llegar a materializarse si el comprador intermedio no está obligado contractualmente a reconocerla y trasladarla. La captura de valor requiere, además de datos verificables, una estructura contractual que vincule el sobreprecio al cumplimiento de los requisitos del pasaporte a lo largo de toda la cadena.
Lo que sí puede construirse hoy
Con las herramientas disponibles, es posible implementar sistemas de medición y registro con firma independiente para las emisiones de Alcance 1 y 2 de la planta, aquellas bajo control directo del operador, y para el consumo de agua dulce en planta, con la precisión suficiente para satisfacer una auditoría de primer nivel.
La operación Cauchari-Olaroz, gestionada por Lithium Argentina Corp. junto con Ganfeng en Jujuy, avanza hacia la conformidad con el Proceso de Aseguramiento de Minerales Responsables, un paso concreto en esa dirección (Lithium Argentina Corp., mayo de 2026).
El costo de esa infraestructura digital oscila entre US$1,5 millones y US$3 millones en su implementación inicial, con costos de mantenimiento que, en ambientes de alta salinidad, pueden superar US$1 millón anual, significativamente por encima de las estimaciones iniciales del sector. Esto se debe a la degradación acelerada de sensores por cristalización e incrustación en salmueras con sólidos disueltos superiores a 300.000 miligramos por litro.
Lo que hoy no puede construirse con certeza científica es una trazabilidad hídrica por lote con la precisión que los organismos certificadores europeos requieren para el Anexo X, ni una cadena completa de datos primarios verificados de los insumos suministrados por terceros. Esas brechas no se resuelven solamente con inversión tecnológica: requieren desarrollo metodológico, armonización entre los marcos de validación provinciales argentinos y los estándares europeos de acreditación, y una mejor modelación de los sistemas hidrogeológicos de la Puna.
El 18 de febrero de 2027, el Pasaporte Digital de Producto se vuelve obligatorio. El 18 de agosto de 2027 lo hace la diligencia debida con verificación de terceros acreditados. Son fechas fijas.
La ventaja ambiental real del litio de salar argentino existe y es sustancial. El desafío no es solo tecnológico ni regulatorio: también es científico, institucional y contractual. Cuanto antes el sector lo reconozca con precisión, más útiles serán las conversaciones sobre cómo cerrar esas brechas.
*Serrana Verges es directora de Arquitecturas IoT-IA-Blockchain en Ambioteck. Es magíster en Blockchain y Web3 por EBIS Business TechSchool, España, y magíster en Comercialización por UNICEN, Argentina. Es fundadora de Woman in Blockchain Latam, iniciativa de formación y difusión de tecnología blockchain en América Latina.
