Con la incorporación formal de PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto cuprífero mendocino dejó atrás la etapa centrada exclusivamente en permisos y validaciones políticas para entrar en una fase donde comenzarán a correr plazos concretos de inversión, construcción y cumplimiento financiero.
Por Panorama Minero
La oficialización del ingreso al RIGI activó un esquema de compromisos que obligará a Minera San Jorge a ejecutar parte importante de la inversión comprometida durante los próximos dos años.
Dentro de ese período inicial, la compañía deberá acreditar desembolsos equivalentes al 40% del monto mínimo exigido por el régimen. Según la documentación presentada ante Nación, eso implica inversiones por aproximadamente US$188,5 millones distribuidas entre el primer y segundo año posteriores a la aprobación.
El cronograma fijado también establece una fecha límite clave: el 1 de septiembre de 2028. Para entonces, el proyecto deberá haber alcanzado el monto mínimo de inversión comprometido para mantener los beneficios contemplados dentro del esquema nacional de incentivos.
En paralelo, la adhesión quedó formalmente reconocida desde el 13 de mayo de 2026, fecha que funciona como punto de partida para los derechos y obligaciones vinculados al RIGI.
La aprobación posiciona además a PSJ como el primer proyecto metalífero de Mendoza incorporado formalmente al régimen nacional y uno de los desarrollos cupríferos más avanzados dentro del actual proceso de expansión minera argentina.
Construcción desde 2027 y operación prevista para 2029
El esquema presentado por la compañía proyecta iniciar la construcción en junio de 2027, mientras que el comienzo operativo aparece previsto para enero de 2029.
El desarrollo contempla una mina a cielo abierto y una planta concentradora por flotación convencional para procesar minerales sulfurados de cobre con recuperación de oro como subproducto. La capacidad estimada alcanza las 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.
Dentro del diseño operativo previsto, el proyecto considera producción de concentrado de cobre destinado a fundiciones internacionales, utilizando trituración convencional y un circuito de concentración por flotación. El esquema contempla además transporte del concentrado en contenedores herméticos sellados y la utilización de reactivos típicos del proceso de flotación, sin incorporación de cianuro, ácido sulfúrico ni mercurio, en línea con las restricciones vigentes en Mendoza.
La operación fue diseñada sobre una producción promedio estimada cercana a 40.000 toneladas anuales de cobre fino contenido en concentrado, con una vida útil inicial de 16 años y potencial de extensión hasta aproximadamente 27 años sujeto a nuevas campañas de exploración y ampliación de recursos.
Desde el punto de vista geológico, el yacimiento presenta reservas históricas cercanas a 48 millones de toneladas de mineral con leyes promedio próximas al 0,61% de cobre. Las pruebas metalúrgicas realizadas sobre sulfuros primarios registraron recuperaciones cercanas al 90% para cobre, parámetros que funcionan como base técnica para el diseño del circuito de flotación.
Factibilidad, financiamiento y etapa técnica
La incorporación al régimen aparece además como una herramienta central para la siguiente etapa financiera del proyecto. En minería de gran escala, la estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera funciona hoy como uno de los principales factores observados por inversores antes de avanzar hacia etapas de construcción.
En ese marco, el expediente confirmó que el Banco Central no presentó objeciones respecto de los aspectos cambiarios vinculados al proyecto, mientras que el régimen habilita incentivos tributarios, aduaneros y mecanismos específicos para importación de bienes de capital.
La oficialización del RIGI encuentra además a PSJ en plena etapa de factibilidad y actualización de ingeniería. Durante los últimos meses, la compañía avanzó con campañas infill, integración de consultoras técnicas y equipos multidisciplinarios que superan los 300 profesionales vinculados al proyecto.
Ese proceso técnico apunta a incrementar densidad de información geológica, ajustar parámetros geotécnicos, optimizar el futuro plan de mina y consolidar variables económicas necesarias para una eventual decisión de construcción.
En paralelo, el proyecto también comenzó relevamientos laborales en Uspallata con foco en identificar perfiles técnicos y mano de obra local de cara a una futura etapa constructiva, que preliminarmente estima picos cercanos a 3.900 trabajadores durante obra y alrededor de 2.400 empleos directos e indirectos en operación.
Con los plazos ya establecidos, PSJ entra ahora en una fase donde el avance dejará de medirse únicamente por aprobaciones políticas o ambientales y comenzará a evaluarse sobre cumplimiento efectivo de inversiones, ejecución de obras, consolidación técnica y capacidad para sostener el cronograma previsto hacia fines de esta década.
