La Autoridad Ambiental Minera realizó un relevamiento territorial de la actividad ladrillera en el distrito de Jocolí, departamento de Lavalle, con el objetivo de identificar productores activos, relevar condiciones de funcionamiento y avanzar en la regularización ambiental del sector.
El operativo incluyó la identificación de establecimientos en actividad, el registro de trabajadores y familias vinculadas a la producción y el relevamiento de las condiciones técnicas bajo las cuales se extrae y procesa la arcilla utilizada para la fabricación de ladrillos.
Por Panorama Minero
La intervención se produce en un contexto de aplicación plena del nuevo Código de Procedimiento Minero y de una redefinición técnica que incorporó a las plantas de transformación -entre ellas ladrilleras, cementeras y hormigoneras- al esquema formal de control minero.
La producción de ladrillos se basa en la extracción y transformación de arcillas, un mineral de tercera categoría. Bajo el nuevo encuadre normativo, estas unidades productivas son consideradas plantas de tratamiento de minerales, lo que implica la obligación de cumplir con exigencias ambientales equivalentes a las del resto del sector minero.
La extracción de arcilla, su acopio, mezcla, moldeo y cocción encuadran dentro de los procesos definidos por la legislación minera. Esto obliga a acreditar el origen del material, contar con documentación respaldatoria y, en determinados casos, presentar informes ambientales.
Trazabilidad y control de la cadena
El relevamiento en Jocolí busca ordenar un sector que históricamente operó con altos niveles de informalidad y escasa trazabilidad documental.
Durante 2025, Mendoza consolidó un sistema que exige trazabilidad desde la extracción hasta el destino final de cada carga de mineral de tercera categoría. Áridos, calizas, yesos y arcillas quedaron alcanzados por un esquema que obliga a documentar origen, volumen y destino mediante la Guía de Tránsito de Minerales.
El transporte dejó de ser un eslabón operativo marginal para convertirse en un punto crítico del sistema. Sin documentación respaldatoria, la circulación de cargas no está habilitada. La integración de las ladrilleras a este esquema implica que no solo la cantera queda bajo control, sino también la planta donde el mineral se transforma en insumo constructivo.
Impacto territorial y económico
Mendoza cuenta con más de 500 minas de tercera categoría que abastecen la construcción provincial. En el proceso de adecuación iniciado en 2024 y consolidado durante 2025, 178 explotaciones debieron regularizar su situación ambiental para continuar operando.
La formalización introduce ajustes en costos logísticos y documentales que comienzan a reflejarse en la estructura de precios de insumos básicos de la construcción. El reordenamiento apunta a consolidar un sistema más previsible y transparente, donde extracción, transporte y transformación operen bajo reglas comunes.
El relevamiento en Lavalle incorpora además una dimensión social. Muchas unidades productivas funcionan con estructuras familiares y esquemas artesanales consolidados desde hace más de una década. El desafío es integrar esa realidad territorial a un marco normativo que exige formalidad, trazabilidad y cumplimiento ambiental dentro del esquema minero provincial.
