El Ing. Luis Jiménez propone transformar la minería de San Juan ante la Era del Cobre, con inversiones de US$20.000 millones. Sugiere crear fondos soberanos y fideicomisos de inversión para financiar infraestructura hídrica y tecnológica, evitando que la renta se diluya en gastos corrientes. Un eje central es la "Propiedad Social", permitiendo que los ciudadanos ahorren en bonos de cobre vía Banco San Juan. Finalmente, plantea una alianza con Mendoza para un corredor financiero regional que emita bonos verdes, asegurando sostenibilidad y licencia social
Por Panorama Minero
El Ingeniero Luis Jiménez, destacado investigador de la Universidad Católica de Cuyo, ha presentado un análisis estratégico que plantea una hoja de ruta para la minería en la provincia de San Juan. Según el experto, la evolución de la actividad pone en evidencia la necesidad de planificar el proceso futuro frente a las masivas inversiones proyectadas en el sector del cobre. La provincia se encuentra en una coyuntura ideal para encarar un proceso de ahorro y financiamiento vinculado a los flujos de capitales mineros.
Para comprender la magnitud de lo que está en juego, el informe de Jiménez repasa el impacto de las últimas dos décadas (2004-2024), donde la puesta en marcha de la mina Veladero en 2005 marcó un punto de inflexión. En este periodo, la minería pasó de ser marginal a representar entre el 75% y el 85% de las exportaciones de San Juan, alcanzando ventas al exterior por US$1.467 millones en 2024. El sector y sus servicios asociados ya representan cerca del 35-40% del Producto Bruto Geográfico provincial en años de alta producción.
Sin embargo, Jiménez sostiene que si los últimos 20 años fueron del oro, los próximos 20 serán del cobre. San Juan posee cinco de los proyectos de cobre más importantes del mundo: Josemaría y Filo del Sol – Vicuña- , El Pachón, Los Azules y Altar. Se estima que estos emprendimientos podrían atraer inversiones de entre US$15.000 y US$20.000 millones en la próxima década, duplicando la facturación provincial para el año 2030. Este cambio no es solo económico, sino geopolítico, dado que el cobre es esencial para la transición energética y la electromovilidad a nivel global.
El núcleo de la propuesta del investigador reside en la creación de un modelo de Fondos Soberanos o de estabilización, similar a los implementados en Noruega o Chile. El objetivo es que el impacto financiero del cobre no se diluya en el gasto corriente, sino que se capture una porción de la renta minera para crear un fondo de inversión cuyos rendimientos financien infraestructura productiva no minera, como la agricultura tecnificada y la energía solar. Para ello, propone evolucionar desde los actuales fideicomisos de obra pública hacia fideicomisos de "segunda generación" que actúen como fondos de inversión y garantía.
En este esquema, el Banco San Juan se perfila como el socio estratégico ideal. Jiménez sugiere que este organismo lidere la emisión de títulos de deuda o bonos cuya garantía sea el flujo de caja futuro de las regalías del cobre. Esto permitiría que el excedente financiero provincial y los ahorros privados de los ciudadanos puedan "cobrizarse" mediante certificados de participación, vinculando el ahorro al valor del metal. Además, el banco podría facilitar el factoring minero para inyectar liquidez inmediata a las pymes locales que proveen servicios a las grandes minas.
Un aspecto innovador del documento es el concepto de "Propiedad Social del Activo" para fortalecer la licencia social. Al permitir que un docente o un médico sanjuanino ahorren en bonos respaldados por proyectos como Vicuña, la población se convierte en socio indirecto, lo que genera un blindaje contra el discurso antiminero y los cambios bruscos en las reglas de juego. También, Jiménez propone una alianza estratégica con Mendoza para crear un "corredor financiero Cuyo" que otorgue mayor solvencia y escala a estos instrumentos financieros.
Finalmente, el investigador destaca la importancia de la Economía del Conocimiento y la gestión hídrica. Propone que el fideicomiso financie un Hub Tecnológico Minero para exportar soluciones de ingeniería, y la creación de Bonos de Agua para modernizar el riego agrícola. Según Jiménez, esto requiere una legislación que garantice una gobernanza mixta —con participación de universidades y bancos— para que el fondo sea una política de estado de largo plazo que trascienda los turnos electorales.
