El Gobierno de Mendoza presentó denuncias penales por la difusión de información falsa que advertía sobre una supuesta contaminación del agua potable en San Rafael, en el marco de las recientes tormentas registradas en el sur provincial.
Por Panorama Minero
La controversia se originó a partir de publicaciones en redes sociales y cadenas de mensajería que señalaban un presunto arrastre de material radioactivo desde el complejo Sierra Pintada hacia el sistema de agua potable. Algunos mensajes incluso recomendaban evitar el consumo de agua de red.
Según informó el Ejecutivo provincial, los contenidos carecen de sustento técnico y habrían generado alarma en un contexto climático complejo.
Ante esa situación, se formalizaron dos presentaciones judiciales: una impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía y otra por la empresa estatal AYSAM. El objetivo es que la Justicia determine el origen de los mensajes y evalúe eventuales responsabilidades.
Controles técnicos y respuesta oficial
En paralelo a las acciones judiciales, el director de Minería, Jerónimo Shantal, realizó una inspección en el establecimiento Fabril, vinculado al complejo Sierra Pintada, y descartó la existencia de contaminación asociada a los hechos difundidos.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el sitio no se encuentra en etapa productiva, sino en proceso de remediación de pasivos ambientales, bajo monitoreo permanente de distintos organismos. Entre ellos, la Dirección de Fiscalización y Gestión Ambiental, el Departamento General de Irrigación, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.
Las autoridades indicaron que existen controles regulares sobre agua superficial y subterránea, así como sobre reservorios y canteras, especialmente ante eventos climáticos extremos.
Debate público y marco legal
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, sostuvo que la libertad de expresión no habilita la difusión de información falsa que pueda generar alarma social. Las eventuales sanciones dependerán de la evaluación judicial y de lo previsto en el Código Penal.
El episodio se inscribe en un contexto de discusión pública sobre el desarrollo minero en la provincia, particularmente en torno a proyectos vinculados a exploración y remediación ambiental.
