Con una vasta experiencia en proyectos internacionales, Rubinstein aborda el rol de las variables sociales y culturales en la evaluación de viabilidad, la gestión de riesgos y la sostenibilidad de los proyectos mineros a lo largo de su ciclo de vida.
Por Panorama Minero
¿Cuál es el alcance de la antropología en la actividad minera?
La antropología es una ciencia social que nos aproxima a la diversidad humana y nos invita a reflexionar sobre el otro y sus experiencias de vida. En el ámbito de la actividad minera, su aporte resulta fundamental para comprender y fortalecer los vínculos con las personas y comunidades locales.
Las realidades de los pueblos y localidades cercanas a los proyectos mineros son diversas y complejas, y requieren una mirada sensible que promueva el diálogo intercultural. En este sentido, la antropología actúa como un puente entre voces con trayectorias, experiencias y horizontes distintos, facilitando el entendimiento mutuo y la construcción de relaciones basadas en el respeto.
En una industria atravesada por decisiones técnicas, económicas y financieras de alta complejidad, ¿qué valor agrega la perspectiva social y cultural al diseño y desarrollo de los proyectos mineros?
Toda decisión técnica también es cultural y social**. Sin la perspectiva social no podríamos operar.**
Toda decisión técnica se implementa en un territorio concreto, habitado por personas, comunidades y colectivos con historias, valores, expectativas y modos de vida propios. En este sentido, ninguna decisión es neutral: toda decisión técnica es también social y cultural, porque impacta en relaciones sociales preexistentes, en formas de organización local y en percepciones sobre el desarrollo, el ambiente y el futuro.
La perspectiva social permite comprender cómo los proyectos mineros son interpretados, vividos y valorados por las comunidades del entorno, y aporta herramientas clave para anticipar tensiones, identificar riesgos no técnicos y construir estrategias de relacionamiento basadas en el diálogo y el respeto. Sin esta mirada, incluso los proyectos técnicamente sólidos pueden enfrentar conflictos, resistencias o dificultades operativas que comprometen su continuidad.
Asimismo, la diversidad de realidades socioculturales entre pueblos y localidades cercanas a los proyectos exige enfoques situados y sensibles al contexto. No existen comunidades homogéneas ni respuestas sociales universales. La mirada social y cultural evita soluciones estandarizadas y promueve intervenciones adaptadas a los escenarios locales, reconociendo saberes, memorias y trayectorias territoriales.
¿Qué riesgos aparecen cuando esta mirada se incorpora de manera tardía?
La pérdida de la confianza de la comunidad puede resultar altamente riesgosa para un proyecto minero. A menudo este vínculo se sintetiza en el concepto de licencia social, una noción ampliamente utilizada pero que, en muchos casos, no logra reflejar el carácter dinámico, continuo y relacional del trabajo con las comunidades.
El relacionamiento comunitario no es un objetivo que se alcanza una vez ni un permiso que se obtiene de forma definitiva, sino un proceso permanente que debe desarrollarse en paralelo a las distintas etapas del proyecto, desde la exploración hasta la operación. El trabajo de las áreas sociales debe ir de la mano de las exploraciones. Trabajar con comunidades implica acompañar los procesos territoriales, escuchar activamente y adaptarse a contextos sociales y culturales en constante transformación.
En este sentido, resulta fundamental construir acuerdos interculturales sólidos, basados en el reconocimiento de las necesidades, los conocimientos locales y las cosmovisiones de las personas que habitan los territorios donde opera la industria minera. Solo a partir de este enfoque es posible generar relaciones de confianza, legitimidad y cooperación, indispensables para la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo.
¿Qué tensiones suelen aparecer entre los tiempos sociales y los tiempos productivos?
La principal tensión tiene que ver con que los tiempos productivos responden a lógicas de planificación, inversión y cumplimiento de hitos técnicos, mientras que los tiempos sociales están atravesados por procesos mucho más lentos y complejos, como la construcción de confianza, la deliberación comunitaria y la toma de decisiones colectivas. Son temporalidades muy distintas, que no siempre dialogan fácilmente.
¿Percibe un avance en los últimos años en materia de gobernanza, participación y diálogo social?
Sí, sin duda se percibe un avance, especialmente en términos de reconocimiento. Hoy existe una mayor conciencia, tanto desde el Estado como desde las empresas, de que la gobernanza, la participación y el diálogo social no son dimensiones accesorias, sino componentes centrales de la gestión de los proyectos y de su sostenibilidad en el tiempo.
Se nota principalmente en la institucionalización de espacios de diálogo y en la incorporación de estándares y marcos normativos que promueven la participación. Cada vez es más frecuente que se hable de consulta, de transparencia, de involucramiento temprano de los actores locales y de mecanismos formales de participación.
¿La participación comunitaria sigue siendo vista como un requisito formal o está evolucionando hacia un proceso más sustantivo?
La participación comunitaria ha dejado de ser concebida únicamente como un requisito formal y está evolucionando claramente hacia un proceso más sustantivo. Este cambio se evidencia en la creciente incorporación de las voces de los actores del territorio en el diseño de planes y programas, los cuales se encuentran cada vez más anclados en las necesidades locales. De este modo, se supera la lógica de planificación “desde arriba”, basada en modelos estandarizados pensados como aplicables a cualquier contexto, para dar lugar a intervenciones más pertinentes y situadas.
Este giro constituye un cambio clave en las políticas y prácticas de intervención territorial. La participación significativa de las comunidades no solo legitima los procesos de decisión, sino que se vuelve un elemento fundamental para el trabajo con comunidades locales, ya que fortalece la apropiación de las iniciativas, mejora su eficacia y favorece la sostenibilidad de las acciones en el tiempo.
¿Qué estándares internacionales han influido más en la transformación de las prácticas sociales del sector?
En cuanto a normas internacionales el primero y principal es el Convenio 169 de la OIT**, que Argentina lo ratifica en el 2001. Manda a que cualquier trabajo que se quiera hacer en las cercanías de territorios habitados por comunidades indígenas debe ser consultado. Eso cambió el juego y lentamente se fueron introduciendo e implementando otras normas que refinen la participación indígena. Nuestra industria se regula con** estándares locales e internacionales que se nutren del Convenio.
¿Cómo impactan las exigencias de inversores y mercados internacionales en la agenda social de los proyectos?
Las exigencias de inversores y mercados internacionales han tenido un impacto creciente y significativo en la agenda social de los proyectos, contribuyendo a una transformación sustantiva de las prácticas de planificación, gestión e implementación. En particular, los estándares socioambientales promovidos por organismos financieros internacionales, bancos de desarrollo, fondos de inversión y certificaciones ESG han elevado la centralidad de lo social como un componente estratégico y no accesorio de los proyectos.
En este marco, los inversores demandan cada vez con mayor énfasis el cumplimiento de criterios vinculados al respeto de derechos humanos, la participación de las comunidades locales, la gestión de impactos sociales y la protección de poblaciones vulnerables, incluyendo pueblos originarios. Estas exigencias han impulsado la incorporación de herramientas como evaluaciones de impacto social, procesos de consulta y diálogo temprano, mecanismos de quejas y reclamos, y planes de gestión social como requisitos para el acceso al financiamiento.
¿Qué desafíos específicos impone la velocidad de crecimiento de los proyectos en el Triángulo del Litio?
El crecimiento impone desafíos que atraviesan dimensiones sociales, territoriales, institucionales y culturales. No se trata solo de la magnitud de las inversiones, sino del desfase entre los tiempos del capital y los tiempos sociales y comunitarios. Esto quiere decir el balance entre las necesidades de la industria y las locales.
¿Qué mensaje considera clave para quienes diseñan políticas públicas y estrategias empresariales vinculadas a la minería?
Es preciso comenzar a considerar la dimensión social con la misma relevancia que los aspectos técnicos, económicos y ambientales de un proyecto. Lejos de ser un componente complementario, lo social incide directamente en la viabilidad, la sostenibilidad y la legitimidad de las iniciativas, especialmente en contextos territoriales complejos. Integrar esta dimensión desde las etapas iniciales de diseño permite anticipar impactos, fortalecer vínculos con las comunidades y construir proyectos más sólidos y sostenibles en el largo plazo.
