La empresa estatal Catamarca Minera y Energética (CAMYEN) dejará de ser una Sociedad del Estado (SE) para convertirse en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). El cambio, que ya cuenta con media sanción del Senado y se encamina a su aprobación en Diputados, le otorgará a la compañía una facultad clave: la posibilidad de vender, ceder o gravar los pedimentos mineros de los que es titular. Según el Gobierno provincial, la reforma busca "modernizar su estructura y fortalecer la gestión estratégica de proyectos mineros" y equiparar a CAMYEN con otras empresas mineras estatales del país que ya operan bajo ese esquema.
Por Panorama Minero
El Gobierno de Catamarca avanza en una reforma para la empresa CAMYEN, cuyo corazón está en la adecuación a la normativa nacional (tras la derogación de la ley de Sociedades del Estado) y la definición del patrimonio social y la disposición de bienes. El proyecto establece que la nueva CAMYEN SAU "será titular de las propiedades y derechos mineros que le sean concedidos por la Provincia o que adquiera por cualquier título legítimo" y podrá "transferirlos, cederlos, gravarlos o disponer de ellos cuando la operación resulte beneficiosa". El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, ya obtuvo media sanción en el Senado y ya cuenta con los abales de la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Aunque esa facultad ya estaba contemplada en la ley de creación de CAMYEN (ley n. º 5354, el Gobierno reconoce que "ha tenido interpretaciones diversas". Esa falta de claridad normativa, según el Ejecutivo, dejaba a la empresa "en desventaja ante otras empresas homólogas, por resultar menos competitiva", al no poder disponer libremente de sus propiedades frente a compañías privadas que sí cuentan con esa posibilidad. La imposibilidad de vender áreas, remarcaron desde el Gobierno, "constituye una limitación para la atracción de inversiones y para la efectiva puesta en valor de las propiedades que integran la cartera de la empresa".
La reforma catamarqueña sigue un camino que otras provincias con tradición minera ya recorrieron. El Gobierno citó expresamente los casos de Impulsa Mendoza Sostenible S.A., habilitada a "adquirir y enajenar minas y todo derecho minero, dentro y fuera del país", y de la jujeña JEMSE, que al no prever límites a la transferibilidad de sus propiedades mineras logró en los últimos años concretar operaciones de transferencia de derechos con socios estratégicos extranjeros, un mecanismo señalado como uno de los principales factores de atracción de inversión extranjera directa en el sector litífero.
También se mencionó a La Rioja, donde Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) puede transferir o disponer por cualquier vía contractual los derechos que le fueron adjudicados, y a Salta, donde Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSA) opera bajo un régimen que le permite ser titular de derechos mineros y transferirlos o asociarse con terceros para su desarrollo. Con la nueva ley, CAMYEN buscará sumarse a ese esquema regional y ampliar sus "herramientas de negociación" para favorecer nuevos proyectos.
Un catastro minero de más de 450 propiedades
La discusión sobre la venta de pedimentos cobra dimensión al observar el tamaño de la cartera que administra CAMYEN. La empresa es hoy titular de más de 450 propiedades mineras distribuidas en toda la provincia, vinculadas a minerales estratégicos como cobre, oro, litio y otros recursos de interés económico y geológico. De ese total, más de 300 propiedades ya cuentan con resolución de concesión, tanto de permisos de cateo como de minas propiamente dichas, mientras que el resto se encuentra en avanzado estado de tramitación.
Ese volumen de propiedades, según el Gobierno, es resultado directo de la última reforma del Código de Procedimientos Mineros, que otorga a CAMYEN preferencia de titularidad cuando un pedimento es declarado vacante. La acumulación de más de una década de experiencia operativa y el crecimiento sostenido de esa cartera fueron, de hecho, los argumentos centrales para justificar la necesidad de "readecuación de la sociedad".
Adaptación al marco nacional y transparencia
La transformación societaria también responde a un cambio en las reglas de juego a nivel nacional. El DNU 70/2023 derogó la Ley Nacional Nº 20.705 de Sociedades del Estado y dispuso que las empresas con participación estatal, cualquiera sea su forma societaria, se transformen en Sociedades Anónimas regidas por la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en igualdad de condiciones que las sociedades sin participación estatal. Como la Provincia es accionista única de CAMYEN, el Gobierno consideró que la figura de SAU es la más adecuada para su funcionamiento, al implicar menor carga burocrática que otros tipos societarios.
La nueva normativa incorpora, además, un portal de "transparencia activa": CAMYEN deberá mantener publicado en su sitio institucional o en el portal de datos abiertos de la Provincia el inventario de propiedades mineras bajo su titularidad, el registro de contratos de cesión, transferencia o asociación vigentes, y los estados contables aprobados por la asamblea.
