Mendoza volvió a poner en funcionamiento una figura histórica de su institucionalidad minera. El Consejo de Minería, que durante décadas tuvo un rol activo en la administración de derechos mineros y en la resolución de distintos expedientes vinculados a concesiones y conflictos de mensura, fue formalmente reactivado esta semana bajo la nueva arquitectura definida por la reforma del Código de Procedimiento Minero.
Por Panorama Minero
La reactivación fue encabezada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, en el marco de la primera reunión formal del organismo, cuya conformación había sido oficializada por el Gobierno provincial. Según la explicación oficial, el Consejo vuelve a operar como una herramienta de fortalecimiento institucional orientada a intervenir en distintos procedimientos de la actividad y a reforzar transparencia, seguridad jurídica y calidad administrativa del sistema minero.
Sin embargo, su regreso no implica una recuperación plena de las facultades que tuvo históricamente. El nuevo esquema redefine su alcance y cambia de manera sustancial la distribución del poder administrativo dentro de la estructura minera provincial.
De autoridad minera a órgano de revisión
Hasta la sanción del nuevo Código de Procedimiento Minero, el Consejo de Minería tenía un peso central dentro del funcionamiento administrativo del sector. Su intervención no se limitaba a consultas o revisiones técnicas: formaba parte activa de la autoridad minera provincial y tenía capacidad sobre decisiones vinculadas a concesiones, caducidades, conflictos de mensura y distintos recursos administrativos relacionados con derechos mineros.
Ese diseño lo ubicaba como una pieza estructural dentro del sistema, con capacidad directa de incidencia sobre la vida jurídica de los proyectos. Con la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial, esa lógica cambió.
El nuevo Código concentró la autoridad minera de primera instancia en la Dirección de Minería, mientras que el Consejo quedó configurado como órgano de segunda instancia administrativa y de consulta dentro del Ministerio de Energía y Ambiente. En términos prácticos, el centro de gravedad de la decisión minera se trasladó hacia la figura del Director de Minería.
Esto implica que el Consejo ya no actúa como órgano originario en la toma de decisiones, sino como instancia posterior de revisión y respaldo institucional.
El debate que casi lo deja afuera
El nuevo rol del Consejo no estuvo exento de discusión política y técnica. Durante el tratamiento legislativo de la reforma del Código de Procedimiento Minero en 2024, el texto original contemplaba directamente su eliminación a través del artículo 4°, junto con la derogación de la ley de creación de la Dirección de Minería.
Ese punto generó objeciones desde distintos sectores vinculados a la actividad. Entre ellos, cámaras empresarias, colegios profesionales y representantes técnicos advirtieron sobre la concentración de facultades que implicaba la nueva estructura administrativa y cuestionaron la desaparición de una instancia histórica de control y revisión.
Las críticas obligaron a revisar parte del articulado y el Consejo finalmente se mantuvo dentro del esquema definitivo, aunque bajo una lógica distinta y con atribuciones más acotadas.
El resultado fue un modelo intermedio: ni continuidad plena del sistema anterior ni eliminación total del organismo.
Una nueva etapa para una actividad en expansión
La reactivación del Consejo llega en un momento de mayor movimiento dentro de la minería mendocina. Con expedientes en marcha como PSJ, el desarrollo progresivo de Malargüe Distrito Minero Occidental y nuevas iniciativas de exploración como Don Luis, la provincia empieza a exigir mayor velocidad administrativa y previsibilidad jurídica.
En ese escenario, la vuelta del Consejo de Minería suma una instancia institucional que había quedado relegada durante años, aunque bajo un formato adaptado al nuevo modelo que Mendoza eligió para ordenar su actividad minera.
Su regreso marca una señal de continuidad institucional, pero también confirma que el reparto del poder administrativo dentro del sistema ya no es el mismo.
